Jujuy: Los artículos de la polémica, represión y repudio de JxC
La reforma de la Constitución jujeña generó fuertes protestas que derivaron en represión policial y tironeos políticos entre Juntos por el Cambio y el Unión por la Patria (ex Frente de Todos).
La reforma de la Constitución de Jujuy impulsada por Gerardo Morales generó fuertes protestas callejeras que apuntaron contra 3 artículos relacionados con los derechos de los pueblos originarios, la propiedad privada y los cortes de ruta. Pero esos puntos no solo fueron aprobados por congresales de la UCR y Juntos por el Cambio, sino también por peronistas.
Los artículos de la polémica
El artículo 50, sobre los “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos originarios”, en la nueva Constitución sostenía que la carta magna provincial «reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades originarias y pueblos indígenas de Jujuy y garantiza el respeto a su identidad, espiritualidad, herencia cultural, conocimientos ancestrales y el derecho a una educación bilingüe e intercultural».
También se indica que «el Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la Provincia en la Nación» y «promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano».
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La ley indicaba que «ninguna de las tierras mencionadas en los incisos anteriores serán enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos» y que «el Estado garantiza el derecho a la participación y consulta previa e informada de las comunidades originarias reconocidas en la Provincia respecto a sus recursos naturales y a los intereses que las afecten de manera directa”.
Tras las protestas, se volvió atrás para volver a colocar el texto de la constitución de 1986 en el mismo artículo: «´Protección a los aborígenes´. La Provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social”.
También se quitó la redacción del artículo 36, que en la nueva Constitución se reconocía el «derecho a la propiedad privada» y «se reconoce el derecho a la propiedad privada. Toda persona puede usar, gozar y disponer de sus bienes».
Se deja en claro que «la propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia firme fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. En caso de juicio, las costas se impondrán siempre al expropiante» y se remarca que «queda abolida la confiscación de bienes».
En el mismo sentido se señala que «será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución y la ley».
Además, se deja en claro que «una ley especial determinará las condiciones para el desalojo, y para que el o los titulares del derecho afectado estén en condiciones de ejercer de manera inmediata sus derechos, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo. En la marcha atrás, fueron dejados sin efecto los dos últimos párrafos.
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En cuanto al artículo 67, relacionado con los cortes de calles, Morales se mantuvo inflexible y afirmó que “La prohibición de los cortes de ruta es una convicción”.
El mencionado artículo, titulado “El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, establece que “el Estado debe asegurar que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros, y garantiza la libre circulación de las personas”.
Repudio de Juntos por el Cambio
Tras las protestas, los incidentes y la represión policial, Juntos por el Cambio emitió un comunicado en apoyo al gobernador Gerardo Morales:
Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación por la violencia desatada contra el pueblo y las instituciones de la provincia de Jujuy y nuestro apoyo categórico al Gobernador, Gerardo Morales.
No vamos a permitir que grupos violentos se lleven puestas las instituciones provinciales y la decisión que el pueblo jujeño tomó en las urnas el 7 de mayo. Nuestro compromiso a 40 años ininterrumpidos de democracia es repudiar cualquier forma de violencia política que atente contra la soberanía democrática del pueblo y las instituciones de la República. El uso de la violencia como mecanismo desestabilizador ante el claro mensaje de las urnas es inaceptable. Los años más dolorosos de la historia de nuestro país están signados por la violencia y el autoritarismo de quienes se rehúsan a aceptar las reglas de juego de la democracia. El respeto por la ley, la democracia y las instituciones no es negociable.
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A los argentinos y argentinas que están mirando lo que sucede en Jujuy con preocupación y angustia: estas son las imágenes de la Argentina que no queremos más. La Argentina del apriete, del pensamiento único, de los privilegios para unos pocos, de quienes se creen por encima del resto, esa Argentina se tiene que terminar. Los argentinos tenemos este año en nuestras manos la elección de qué país queremos ser. Nosotros queremos un país en libertad, con paz, unidad y desarrollo.
O tomamos el camino del cambio o profundizamos de forma dramática el patrón de atraso en el que nos sumergió el kirchnerismo y que estamos viendo ahora en Jujuy. Cambiar es más que un imperativo ético: es la única alternativa real para lograr una vida digna y plena. La vida que soñamos para nosotros y para nuestros hijos y para siempre.
Tenemos la firmeza y la determinación para construir un futuro diferente.
Maximiliano Ferraro, Presidente CC
Federico Angelini, Presidente PRO
Martin Lousteau, Vicepresidente UCR
Miguel Ángel Pichetto, Presidente ERF
Jose Luis Espert, Presidente Avanza Libertad
Sergio Abrevaya, Presidente GEN
Alberto Aseff, Secretario General UNIR