La provincia de Buenos Aires adhirió al aborto no punible

La medida eliminará las barreras de acceso a esta práctica y regirá bajo las causales de peligro de vida, en resguardo de la salud de la mujer o cuando el embarazo fuese producto de una violación.

El Gobierno de María Eugenia Vidal decidió adherir al protocolo nacional para casos de interrupción legal del embarazo y así eliminar barreras de acceso, en consonancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La práctica podrá efectuarse en centros de salud del primer nivel de atención y los objetores de conciencia deberán informarlo a las autoridades del establecimiento con antelación a la aparición de casos.

Mediante la resolución 2.095 de la cartera sanitaria a cargo de Zulma Ortiz, el gobierno bonaerense adhirió y adoptó para su aplicación obligatoria en todos los efectores de salud de la Provincia el «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)», establecido por el Ministerio de Salud de la Nación el año pasado.

La medida eliminará las barreras de acceso a esta práctica y regirá bajo las causales de peligro de vida, en resguardo de la salud de la mujer o cuando el embarazo fuese producto de una violación.

Entre sus aspectos más salientes, indica que «por tratarse en general de procedimientos de baja complejidad, la atención de las mujeres que requieren una ILE puede realizarse en el primer nivel de atención y en forma ambulatoria», es decir, en los centros de atención primaria de la salud (CAPS) que tengan los recursos necesarios.

También destaca la necesidad de que «se pueda brindar atención integral para ILE en todos los niveles del sistema de salud para atender a mujeres que presenten eventuales complicaciones, se encuentren en etapas más avanzadas del embarazo o cuando haya un compromiso de salud y sea conveniente realizar el procedimiento bajo supervisión médica estricta».

«Los centros de salud que no cuenten con personal ni equipamiento adecuados para realizar la interrupción, deben garantizar la derivación asistida de la mujer sin retrasos, para que reciba atención integral tempranamente», expresa la normativa.

Además, establece que «es esencial identificar precozmente a las mujeres que presentan un embarazo en el contexto de las causales de ILEs, realizar la orientación en las opciones y, si la mujer decide interrumpir la gestación, no demorar la práctica».