75 personas mueren por año en Argentina por usar transportes ilegales
Las unidades de transporte ilegal provocan cada año unas 75 muertes en Capital Federal y el conurbano.
De hecho, los siniestros en que participaron estas unidades durante una década analizada provocaron 75 muertes cada año y más de 2.000 personas resultaron con distintas discapacidades.
El caso de las dos adolescentes fallecidas al ser embestidas por un auto a su vez chocado por un colectivo "trucho" cuando salían del colegio, en la localidad bonaerense de González Catán, reveló una grave problemática.
Acerca del drama ocurrido en La Matanza durante la tarde del miércoles, se informó que además de las dos chicas de 16 años fallecidas, otros alumnos se encuentran internados, dos de ellos con pronóstico reservado.
El hecho ocurrió cuando un hombre a bordo de un colectivo "trucho" circulaba a gran velocidad por la Ruta 3 Brigadier General Juan Manuel de Rosas, y cruzó pese a que el semáforo estaba en rojo la intersección con la calle Simón Pérez.
Un relevamiento elaborado por la Comisión Nacional de Víctimas del Transporte Público indicó que en el área metropolitana de Buenos Aires operan más de 9.000 colectivos truchos o combis, que en su mayoría no cuentan con permisos y trabajan sin respaldo hacia los pasajeros ante eventuales accidentes.
De hecho, los siniestros en que participaron estas unidades durante una década analizada provocaron 75 muertes cada año y más 2.000 personas que resultaron con distintas discapacidades.
"El estudio toma casos documentados, de familias que terminaron absolutamente destrozadas, mientras esta actividad ilegal no para de crecer", sostuvo Martín Lescano, titular de la organización al presentar el trabajo estadístico.
"Nuestro objetivo principal con el informe es generar un profundo debate público, que sea tomado por el Estado en su conjunto, porque es necesario que se revean ciertos mecanismos permisivos y nocivos que rodean la actividad".
"La realidad es que tenemos un negocio enorme apoyado en la desidia y la falta de compromiso de las autoridades, pero en el medio hay cientos de familias que se quedaron sin nada y otras tantas que son potenciales víctimas", precisó Lescano.
"Nosotros preferimos llamarlos directamente homicidios. Es una pelea en defensa del ciudadano y deberíamos estar todos en el mismo lado. Hay que trabajar mucho para desarmar los dispositivos mafiosos que están enquistados en este sector, que se aprovecha con total impunidad de los agujeros dejados por el Estado, tal vez preocupado por resolver otros temas que considera de mayor urgencia", finalizó.