Banco Ciudad; la oposición advierte sobre nuevos traspasos de depósitos.
Referentes de la oposición parlamentaria y funcionarios del Banco Ciudad coincidieron hoy en que la probable sanción de la Ley que obliga a traspasar depósitos judiciales de esa entidad hacia el Banco Nación puede ser un primer paso para que otros bancos provinciales sean sometidos a la misma clase de políticas.
"Esto también puede crear un precedente para que después el gobierno nacional actúe sobre la institución de otra provincia", añadió.
El diputado radical por Tucumán, Juan Casañas, sostuvo también que "nada garantiza que si hoy fueron por la plata del Banco Ciudad, mañana no se les ocurra traspasar otros fondos en manos de otros bancos".
Su compañero de bancada Jorge Chemes, de Entre Ríos, acusó al Frente para la Victoria de tener "objetivos espurios" al impulsar la ley, a la que calificó de "saqueo del Banco Ciudad", mientras que Lucio Aspiazu, de Corrientes, dijo que "no se puede seguir con este nivel de agresión a las provincias gobernadas por la oposición". Por su parte, la líder del GEN, Margarita Stolbizer, afirmó que "no vamos a convalidar el atropello ni a habilitar el ajuste en el Banco Ciudad que terminarán pagando los trabajadores". Juan Carlos Zabalza, jefe del bloque socialista en el FAP, puntualizó que "se trata de un proyecto que expresa la voluntad de un gobierno que no respeta el federalismo ni la descentralización, que niega la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires".
A todo esto, los diputados nacionales Ricardo Gil Lavedra (UCR), Pino Solanas (Proyecto Sur), Alejandro Bodart (MST) y la dirigente Vilma Ripoll acompañaron una masiva marcha de los trabajadores del Banco Ciudad al Congreso.
El Bloque de diputados nacionales de Proyecto Sur, calificó la medida como "una maniobra irresponsable con graves consecuencias en el mediano plazo al vaciamiento del Banco Ciudad". El socialista Roy Cortina cuestionó la metodología oficialista mientras que el bloque de Diputados Unidad Popular, por su parte, repudió lo que definió como "un proyecto bochornoso e inconstitucional que pone en crisis a un banco público y en riesgo a sus trabajadores".
Por su parte, el Consejero de la Magistratura, Alejandro Fargosi, opinó que "el gobierno central se quiere quedar con todo" y consideró que "los depósitos judiciales no son del Gobierno sino de las partes que litigan y su administración corresponde al Poder Judicial, no al Poder Ejecutivo".