Dos fiscales pidieron embargar los bienes de Máximo y Florencia Kirchner
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Los fiscales Gerardo D. Pollicita e Ignacio Mahiques le pidieron al juez federal Julián Ercolini que dicte el embargo preventivo de bienes que «conformaran el acervo hereditario de Néstor Kirchner y el patrimonio ganancial que tenían el nombrado y su esposa, Cristina Fernández» y que ahora integran el patrimonio de sus hijos.
Se trata de 16 propiedades en Santa Cruz y la ciudad de Buenos Aires, las acciones en tres sociedades -Los Sauces, COMA y Hotesur- y un automóvil Honda que en la actualidad están a nombre de los dos hermanos.
También se pidió embargar un terreno que sigue a nombre de Cristina y que según ella habría sido entregado al detenido empresario Lázaro Báez como parte de pago por obras de remodelación de un hotel familiar, «Los Sauces», algo que no aparece reflejado en escritura alguna.
Para los fiscales hubo actos demostrativos de «la intención de las personas investigadas de diluir el voluminoso patrimonio que registran en pos de que no pueda ser tutelado por la justicia». También aludieron a las pruebas sobre la participación de Cristina, Florencia y Máximo Kirchner en una de las sociedades investigadas, Hotesur, a través de «retiros sucesivos de fondos».
Ercolini deberá decidir si ordena la medida preventiva, que tiene por objeto resguardar ese patrimonio en caso de una futura condena judicial que habilite al recupero de esos bienes por parte del Estado Nacional si se concluye que fueron fruto de hechos de corrupción.
Florencia Kirchner ya tiene embargados cinco millones y medio de dólares hallados en una caja de seguridad y en dos cuentas del Banco Galicia, dinero que le fueron donados en vida como adelanto de herencia por su madre.
La ex presidenta fue indagada ya por Ercolini en una causa que se tramita de manera paralela a Hotesur, vinculada a la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública de Santa Cruz al detenido Lazaro Báez durante el kirchnerismo.
Ercolini debe resolver la situación procesal de la ex mandataria, quien ya está procesada en la causa por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, una causa en la que el juez federal Claudio Bonadío inhibió sus bienes y cuentas bancarias.
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