El Senado sancionó la Ley de Discapacidad: ¿la cumplirá Milei esta vez?
El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Discapacidad que reemplaza la emergencia por un régimen permanente, tras el veto de Milei del año pasado.
Con 71 votos a favor y ninguno en contra, el Senado convirtió en ley este jueves el proyecto de Discapacidad que reemplaza la emergencia —con vencimiento el 31 de diciembre— por un régimen permanente. La sanción llegó un año después de que el Gobierno nacional rechazara la ley de emergencia y luego del respaldo del papa León XIV a los reclamos de los colectivos de discapacidad, según consignó la cobertura de la sesión.
La iniciativa, denominada «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad», replica el esquema de beneficios de la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. Busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trascienden a los gobiernos de turno.
Los puntos centrales de la nueva ley
Entre sus principales disposiciones, la norma mantiene la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad —equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo— y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria —vinculado al IPC— y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. También crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
El debate: del reconocimiento a las advertencias opositoras
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, defendió la decisión del oficialismo de buscar una ley permanente en lugar de prorrogar la emergencia. «La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo», afirmó.
Desde la oposición, la senadora peronista Alicia Kirchner sostuvo que «ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida». Y agregó: «Hoy estamos dando una respuesta muy importante, pero no definitiva».
La también peronista Lucía Corpacci fue más dura con el Ejecutivo: dijo que al presidente Javier Milei «no le interesan los discapacitados y así lo demostró con las políticas que ha instrumentado». Y planteó: «Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle. Tiene cosas por mejorar pero por lo menos mantiene los derechos. Pero si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena».
El respaldo del oficialismo y los aliados
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, definió la ley como «un acuerdo social y un acuerdo político» y sostuvo que las prestaciones «son más adecuadas que las que se habían votado en las emergencias y en los parches». «Estamos planteando salir de una emergencia, para generar transparencia, previsibilidad y estabilidad para las familias», agregó.
Bullrich también remarcó: «Esto no es un plan social, es una pensión por discapacidad. Nadie tiene que pedir permiso para poder progresar en la Argentina». En tanto, la libertaria Ivanna Arrascaeta, presidenta de la comisión de Salud, afirmó: «La discapacidad no tiene color político. Podemos seguir de emergencia en emergencia o podemos construir un sistema que funcione de forma permanente, con reglas que las familias reconozcan, recursos asignados y controles que den confianza».
Desde el PRO, Martín Goerling Lara señaló que «la dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre». El radical Maximiliano Abad pidió «dejar atrás las respuestas de emergencia y avanzar hacia políticas públicas sostenidas», y recordó: «Durante los últimos años vimos profesionales con aranceles congelados, demoras de meses en los pagos, instituciones en crisis y familias que vivieron con la incertidumbre de no saber si podían sostener los tratamientos».
El financiamiento y las advertencias sobre el Presupuesto
El proyecto incluye una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma. Si quedaran deudas pendientes al momento de la sanción, el Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.
La senadora radical Mariana Juri advirtió que los inconvenientes por fondos no fueron «solamente desde el inicio de este gobierno». «Se han ido perdiendo paulatinamente las partidas, si analizamos los presupuestos de años anteriores», sostuvo. Y enfatizó: «Deberíamos estar atentos a que el Presupuesto 2027 tenga previsto estos fondos, es muy importante. No nos conformemos hoy con sancionar la ley».
Otros temas de la sesión
Previo a la discusión del dictamen sobre discapacidad, se dio ingreso formal a una serie de pliegos para ocupar cargos en la justicia y se votó el ascenso al grado inmediato superior al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, titular de la Casa Militar. El pliego se aprobó por 59 votos afirmativos, 3 negativos y 1 abstención. También se votaron mociones para trato preferencial a un conjunto de proyectos en la última sesión, que se celebrará el 26 de noviembre, entre los que figura una prórroga del Estatuto del Periodista.
