¿Milei desobedeció a la Justicia? Denuncian 300 pases a disponibilidad en el INTA a pesar de los fallos judiciales
Edificio del INTA
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció el pase a disponibilidad, por parte del Gobierno de Javier Milei, de casi 300 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y adelantó que se presentará en la Justicia para revertir la medida.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno nacional pasó a disponibilidad a casi 300 empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a pesar de que hay una medida cautelar vigente y de que el Decreto 462/25 fue rechazado en el Congreso de la Nación. Según el sindicato, la avanzada del Ejecutivo de Javier Milei en el organismo representa un desafío a la división de poderes y una «fractura del Estado de Derecho».
La denuncia de ATE por el pase a disponibilidad de 300 trabajadores en el INTA
En un comunicado, ATE informó que el Ministerio de Economía firmó una resolución para pasar a disponibilidad a 286 trabajadores del INTA, así como a empleados del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y del Instituto Nacional de Semillas (INASE). Esta decisión se tomó solo una hora después de que el Senado rechazara el Decreto 462/25, que buscaba desguazar el organismo.
Además, el gremio subrayó que la medida desoye una medida cautelar dictada por la Justicia Federal que ordena al Gobierno a abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado del decreto. Para ATE, esta acción demuestra que el Gobierno de Milei «actúa al margen de la ley» y advirtió por el «deterioro democrático» del país.
ATE denuncia persecución sindical en el organismo y adelanta que iniciará acciones legales
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, acusó al Gobierno de llevar a cabo una «grave persecución sindical», ya que el listado de trabajadores pasados a disponibilidad incluye a «delegados sindicales y aquellos que participaron de los reclamos». Esto violaría la Ley de Asociaciones Sindicales, que protege a los representantes gremiales de ser suspendidos o despedidos.
El sindicato, a través de su equipo legal, prepara una presentación judicial para revertir la medida. Aguiar calificó el acto administrativo como «viciado» e «inaplicable», y no descartó definir nuevas medidas de fuerza para frenar lo que considera una acción «ilegal e ilegítima».
Con este marco, el secretario de convenios de ATE, Flavio Vergara, incluso sugirió que el Congreso evalúe la posibilidad de un juicio político contra el Ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de deberes y violación de la división de poderes.
Con información de agencia Mundo Gremial