Problemas para Barrionuevo: el fiscal pide el fin de su intervención en el PJ
El fiscal electoral Jorge Di Lello pidió este jueves que se dé marcha atrás con la intervención dispuesta sobre el Partido Justicialista, que quedó a cargo del sindicalista Luis Barrionuevo.
Mediante un dictamen presentado ante la Cámara Nacional Electoral, Jorge Di Lello pidió que se revoque la intervención ordenada por la jueza María Servini y en paralelo se declaren nulas todas las decisiones adoptadas por la gestión de Luis Barrionuevo.
El dictamen no es vinculante y lo debe resolver la Cámara Nacional Electoral en las próximas semanas.
Servini dispuso la intervención del PJ el 10 de abril pasado y designó a Barrionuevo al frente del partido.
«Los fundamentos de la sentencia, en su totalidad han sido solamente de carácter político y no jurídico, lo que evidentemente condujo a que se arribara a una conclusión alejada de los preceptos legales y de razonabilidad, que deben acompañar a cualquier intervención jurisdiccional», argumentó el fiscal federal con competencia electoral.
Para la fiscalía, los argumentos esgrimidos por la magistrada al dictar la intervención son «cuanto menos llamativos», de acuerdo el dictamen con duras críticas a la decisión de Servini.
Además, advirtió que el interventor Barrionuevo, «difícilmente podrá cumplir con la ecuanimidad que esa función requiere», teniendo en cuenta que «no resulta ajeno» a las «divisiones» esgrimidas al disponer la intervención.
«Es de público y notorio conocimiento, que el mismo ha tenido una vida política activa en el seno del Partido Justicialista. De este modo, no resulta ajeno a aquellas divisiones tan criticadas por la Sra. Magistrada», afirmó Di Lello en su dictamen, que ahora deberá analizar la Cámara Nacional Electoral.
En este sentido, planteó que esa situación le «impediría» a Luis Barrionuevo «llevar a cabo la normalización que le fuera encomendada con la tolerancia exigida, como lo demuestra la manifiesta experiencia histórica al respecto».
En otro orden, el fiscal consideró «inadmisible» que la magistrada no le haya pedido opinión antes de disponer la intervención, y cuestionó que haya habido «nula producción de prueba», con lo cual -postuló- la jueza incurrió en «ausencia de fundamentación jurídica, a la hora de intervenir el partido político con mayor cantidad de afiliados del país».