Cristina espera tiempos conflictivos e impulsa una ley para limitar protestas
Similar a la ley vigente en Venezuela y en la Capital Federal instaurada por Macri, ahora Cristina quiere controlar la calle cuando el malestar social se incrementa.
Bajo el título "ley de convivencia de manifestaciones públicas", el proyecto establece que toda protesta debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas. También se deberá informar lugar, duración y objeto de la misma. Se trata de una legislación similar a la que existe en Venezuela, donde se han prohibido las manifestaciones contrarias al Gobierno, y de todos modos se hicieron.
La presidenta Fernández había instado a los legisladores de todas las fuerzas políticas a presentar propuestas para regular las protestas callejeras durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso a principios de marzo. El pedido se produjo en un contexto de creciente conflictividad social atribuido en parte al descontento que prevalece en la población ante el rumbo económico del país, la alta inflación, la inseguridad, los problemas de empleo creciente, la falta de crédito, aumentos de impuestos, etc.
Las manifestaciones callejeras bajo la modalidad de "piquetes", se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos meses, en su mayoría en reclamo de mejores condiciones salariales frente a una aceleración de la inflación.
Cristina llevó adelante hasta aquí una política permisiva ante la protesta social, la cual había instaurado Néstor Kirchner cuando asumió en 2003 en medio de la peor crisis económica en la historia del país. Esta línea de no intervención comenzó a cosechar críticas a medida que situación social fue mejorando.
El proyecto oficial también establece una manifestación pública será "legítima" cuando no impida el normal funcionamiento de servicios públicos, ni la circulación total de personas, vehículos y permita en todos los casos la circulación de grupos vulnerables como niños, ancianos, discapacitados y enfermos.
Si la protesta no cumpliera con estos requisitos, entonces será considerada "ilegítima" y por lo tanto podrá ser desalojada por las fuerzas de seguridad, según el texto. Los efectivos policiales destinados a custodiar las manifestaciones no podrán portar armas de fuego.
La iniciativa estipula que previo al desalojo, debe ejecutarse una mediación a cargo de un funcionario civil, quien tendrá un plazo de dos horas para negociar el cese de la perturbación.
"Vamos a rechazar con todas nuestras fuerzas este proyecto reaccionario que intenta limitar y cercenar el derecho a la protesta de los trabajadores y sus métodos tradicionales de lucha", advirtió el miércoles el diputado nacional Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda. "Resulta increíble que los progresistas del gobierno ahora nos quieran decir qué movilización es legítima y cuál no".
El legislador adelantó que "vamos a convocar a las distintas organizaciones obreras combativas para, con la movilización en las calles, evitar que se vote".
No se ha informado la fecha para que el proyecto del bloque oficialista inicie su discusión en comisión previo a su tratamiento en el recinto.
(Por 4SEMANAS/AP)