Deuda del Grupo Indalo: Denuncia penal contra Cristóbal, Echegaray y Cristina

Este lunes, tres denuncias ingresaron a Tribunales, en las que se cuestionan las facilidades otorgadas al grupo que lideraba Cristóbal López durante el kirchnerismo.

Una de las presentaciones fue realizada por Juan Ricardo Mussa contra el exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray, López, De Sousa y la expresidenta Cristina Kirchner por los delitos de extorsión y estafa.

En tanto, el abogado Ricardo Monner Sans denunció por la deuda a Echegaray y Daniel Sarwer efectuó otra presentación por supuesto delito de "asociación ilícita fiscal".

En declaraciones publicadas por el diario Ámbito Financiero, propiedad de Indalo, De Souza quien se desvinculó de López, explicó que lo que hizo la empresa "no es diferente a lo que hacen muchos empresarios argentinos", al estructurar "financiamiento para enfrentar situaciones difíciles".

"Las diferentes situaciones que fueron generando el pasaje de flujo en la compañía a veces son financiadas con distintas estructuras de financiamiento. Una de ellas pueden ser los bancos, los instrumentos negociables y también la estructura de financiamiento en detrimento del pago de impuestos, fundamentalmente por las limitaciones que hay a veces en el sistema financiero", puntualizó.

Señaló que esa situación "es absolutamente legal" e indicó: "Lo que hemos hecho es tomar en los momentos que correspondían los planes de pagos a largo o a corto plazo que necesitábamos para obtener recursos financieros por quebrantos de la compañía o para alguna decisión de inversión que correspondiera a generar mayor valor en el Grupo".

"Son todos planes que quedaron vigentes. Y ésta es una operatoria que hacen todas las empresas. En todas las compañías en las que participé hubo una estructura fuerte de financiamiento basada en el plan de pagos en cuotas de impuestos. Por consiguiente nosotros lo que hemos tomado es la estructura de financiamiento que están disponibles en la Argentina, no siempre si no en los casos necesarios", destacó.

Además, subrayó: "En el año 2013 un artículo periodístico hizo referencia a esta situación involucrándonos a nosotros en una acusación similar de evasión y fraude; esto generó una denuncia penal, el juez Sebastián Ramos y el fiscal investigaron durante un año y finalmente se dictó el sobreseimiento y la definición de que no había existido delito".

De Sousa afirmó que utilizaron "esa mecánica sólo en las circunstancias que provocaron fuertes desfases del negocio" y precisó que "la deuda tiene un plazo de amortización de 10 años".

Sostuvo que "bajo ninguna circunstancia" la deuda impositiva pone en riesgo a la compañía, ya que siempre "ha mantenido el pago de sus deudas impositivas sin inconvenientes".

"No afectó ninguna relación comercial. De mi lado queda una deuda que hay que amortizar en 8 a 10 años, hay cuotas que vencen en 5 años, otras en 7 años y cuotas que tienen horizonte de 9. Estamos hablando de un entorno de 800 millones por año de amortización de deuda. La unidad hoy tendría un superávit de flujo que podría disponer para inversiones de 300 o 400 millones de pesos", agregó.