El PRO presentó un proyecto para prevenir y sancionar el terrorismo en la Argentina

Un grupo de diputados nacionales del PRO, encabezados por el presidente de la bancada Cristian Ritondo, presentaron este miércoles un proyecto de ley para prevenir y sancionar los actos de terrorismo, dándole un marco legal integral que aborde todas las formas de terrorismo, incluyendo el ciberterrorismo. Esta normativa se alinea con los estándares internacionales y se adapta a las nuevas modalidades delictivas emergentes. Además, se establece que la justicia federal será la encargada de juzgar este delito en la Argentina.

En la previa del 30° aniversario del atentado a la AMIA, los diputados del PRO establecen definir el concepto de terrorismo como cualquier acto violento o susceptible de violencia que busque causar daño masivo o indiscriminado, generando alarma en la sociedad y amenazando la estabilidad del gobierno y la paz social. También abarca el ciberterrorismo, que incluye ataques a infraestructuras críticas, sabotaje de sistemas informáticos, difusión de propaganda terrorista, interrupción de servicios esenciales y obtención de información confidencial.

En cuanto a las penas, se imponen sanciones severas para los actos de terrorismo, que van desde 10 a 25 años de prisión, y reclusión perpetua en caso de muerte de las víctimas. Para el ciberterrorismo, las penas varían según la gravedad del acto, con sanciones específicas para diversas formas de ciberataques. También se establecen penas de 5 a 15 años de prisión para el financiamiento del terrorismo.

Además, la iniciativa legislativa promueve la cooperación internacional para prevenir, investigar, perseguir y sancionar actos terroristas, incluyendo el intercambio de información con agencias internacionales de países aliados y establece mecanismos estrictos de control y supervisión de fondos para prevenir el financiamiento del terrorismo, siguiendo las recomendaciones del GAFI.

El proyecto de Ley otorga competencia exclusiva a la Justicia Federal para juzgar los delitos de terrorismo y establece que la investigación estará a cargo del Juez Federal, con colaboración de agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad. También protege a testigos, víctimas e imputados mediante el Régimen Nacional de Protección de Testigos y un fondo permanente financiado con multas y bienes decomisados.

El proyecto transfiere el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a la Agencia Federal de Inteligencia y crea el Comité de Declaración de Personas, Organizaciones y Entidades Terroristas (CDPOET). También enfatiza el fortalecimiento de la ciberseguridad a nivel nacional, incluyendo la capacitación de personal especializado y la implementación de tecnologías avanzadas.

Al respecto, Cristian Ritondo, afirmó que “esta propuesta es un disparador para tener una discusión seria y profesional en el Congreso Nacional sobre las medidas que debemos tomar en materia de seguridad e inteligencia para enfrentar un flagelo cada vez más desafiante a nivel global y que tanto daño nos ha hecho a los argentinos”.

El autor del proyecto agregó que “mañana se cumplen 30 años del cobarde atentado terrorista a la AMIA en nuestro país, un hecho por el cual seguimos buscando justicia y frente al cual aún nos debemos una ley antiterrorista que nos brinde mejores herramientas para fortalecer nuestra seguridad y nos ayude a lograr que nunca más vuelva a ocurrir un hecho similar”.

El proyecto de Ritondo lleva la firma de los diputados Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi, Patricia Vázquez, Héctor Stefani, Álvaro González, Verónica Razzini, Florencia de Sensi, Laura Rodríguez Machado, Sergio Capozzi, Martín Maquieyra, Silvana Giudici, Alejandro Finocchiaro, Silvia Lospennato, María Sotolano, Ana Clara Romero, Martín Ardohain, Martín Yeza, Marilú Quiroz, Alejandro Bongiovanni, José Núñez, Sofía Brambilla, Germana Figueroa Casas y Gabriel Chumpitaz.