El fiscal pidió investigar a tres expresidentes del INCAA
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este martes abrir una investigación contra tres expresidentes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) por irregularidades en el manejo de fondos públicos en la entidad.
Fuentes judiciales informaron que en un dictamen presentado ante el juez Daniel Rafecas, el fiscal pidió investigar a los expresidentes del INCAA Liliana Mazure, Lucrecia Cardoso y Alejandro Cacceta; así como al exrector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, Pablo Rovito, entre otros.
La denuncia que motivó el pedido fiscal había sido presentada por la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia, por los delitos de «administración fraudulenta agravada» por haber sido cometida contra la administración pública y recayó en el Juzgado Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas.
En primer lugar, el organismo que conduce Laura Alonso cuestionó la contratación del complejo de salas «Artecinema» perteneciente a la empresa Grupo Aleph S.A.
Según informó la OA, en el contrato se acordó que el INCAA haría uso de la sala entre mayo y diciembre de 2011 y que se quedaría con todo lo recaudado por venta de entradas: si bien el contrato era hasta fines de 2011 (luego prorrogado un año más) los pagos continuaron hasta junio de 2016 y el INCAA extravió el expediente del contrato.
Durante 2015 «el INCAA abonó la suma de 66.550 pesos mensuales, monto al que, por lo visto, se arribó a partir del arbitrario e infundado criterio de los funcionarios del Instituto», señaló en el escrito de la OA.
Además, advirtió que el Grupo Aleph, sin sustento legal, retuvo el 50 por ciento de los ingresos obtenidos por recaudación de boletería, cuando en el contrato de 2011 se estableció claramente que la totalidad de los ingresos eran para el INCAA. A esta situación se agrega que Pablo Rovito, uno de los dueños de Grupo Aleph, fue también rector del ENERC, dependiente del INCAA, por lo que también fue incluido en la denuncia que alcanzó a los exdirectores de la entidad.
En segundo lugar, la OA denunció la contratación irregular de servicios de traslados a nivel nacional (automóviles y combis) para diversos eventos -desde noviembre de 2015 a diciembre de 2016- por un valor superior a los 1.800.000 pesos.
Estos servicios de transporte (brindados por Javier Emanuelli) corresponden -principalmente- a tres festivales: Pantalla Pinamar 2016, Ventana Sur (2015 y 2016), y el XXXI Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
La OA advirtió que la contratación por estos servicios «debió hacerse en el marco de una licitación pública, pero en vez de eso simplemente se aprobaron los pagos luego de realizados los viajes».
«En los casos de Emanuelli no se ha configurado ninguno de los supuestos contemplados en el art. 31 inc. b (contratación directa), como así tampoco se ha dado cumplimiento a los requisitos del procedimiento de trámite simplificado. En estos expedientes, que de hecho fueron ´de pago´ (y no de solicitud de contratación de servicios como hubiera correspondido), no obra constancia de cotizaciones o invitaciones a otros proveedores, ni tampoco hay ningún informe técnico o dictamen que acredite la urgencia o emergencia», explica el escrito de la OA.
En su requerimiento, el fiscal pidió varias medidas de prueba como un pedido de informes a la Inspección General de Justicia sobre los legajos de las sociedades «Grupo Aleph SA» y «Max BS Tour SRL».
La investigación de la OA se inició por una presentación del Ministerio de Cultura de la Nación, poco después de que fuera desplazado de su cargo Cacetta, luego reemplazado por Ralph Haiek.
Cacetta había presentado su renuncia en abril pasado por pedido del ministro de Cultura, quien había entendido que le había faltado una «actitud decidida» contra «kioskos» de la corrupción en el INCAA.