Grave denuncia de jueces bonaerenses: de 700 mil causas la mitad queda impune

Una agrupación de jueces penales de la Provincia de Buenos Aires denunció que de 700 mil causas por distintos delitos investigadas en los últimos años la mitad queda impune y sólo un pequeño porcentaje llega a juicio oral y público.

Así lo expresó la Red de jueces penales de la provincia de Buenos Aires que en medio de los reclamos por la inseguridad en el ámbito Bonaerense, puso en alerta la situación actual del sistema penal.

«De los aproximadamente 700.000 investigaciones de la Provincia, en casi el 50 por ciento no se logra determinar al autor, y en aquellas que sí individualiza al sospechoso, sólo un pequeño número se presenta ante los tribunales» orales en juicio, expresó la agrupación.

Además, los magistrado criticaron que de ese grupo de 350 mil que sí llegan a buen puerto, sólo el 5 por ciento termina en manos de un juez o un tribunal oral ya que el resto se resuelve por otros métodos.

«La reforma procesal promueve la intervenciones de las víctimas que ya están previstas en ley vigente, cuando debieran diseñarse dispositivos eficaces para éxito de las investigaciones y no para molestia constante del ciudadano, la revictimización», acusó la agrupación en el comunicado al que accedió NA.

La crítica de la agrupación es ante el proyecto de reforma del código procesal penal impulsado por el Gobierno Bonaerense y en lo que hace a la participación de la víctima en los hechos, algo que para los jueces ya está contemplado en el sistema.

«Multiplicar audiencias con la víctima en todo el proceso, como proyecta la reforma, dilata plazos y no soluciona la inseguridad, que si requiere políticas de Estado y modificaciones profundas de las fuerzas policiales», criticó la entidad, presidida por Gustavo Herbel y secundado por Adriana Nanni.

«Los remiendos normativos de emergencia, que ya intentaron gobiernos anteriores, son un camino que no conduce a ningún lugar», añadieron.

Por último, los jueces señalaron que «el acuciante problema de la seguridad es fundamentalmente de competencia policial y, por lo tanto, constituye una cuestión ajena al sistema judicial, que reclama depuración y capacitación de las fuerzas de seguridad, así como también la implementación de la Policía Judicial», concluyeron.