La Justicia ordenó al gobierno devolver la Obra Social al gremio de Peones Rurales
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La Justicia Federal anuló un decreto de Javier Milei que intervenía la Obra Social de los Peones Rurales y ordenó a la Superintendencia de Servicios de Salud restituir el control de la misma a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
El fallo, emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo de Pergamino, criticó duramente la gestión del Superintendente Gabriel Gonzalo Oriolo y su decisión de designar un interventor.
La sentencia también ordena suspender la implementación de la resolución que permitía la intervención, instando a la Superintendencia y a las entidades involucradas a no ejecutarla.
La Justicia evaluará posibles irregularidades en el proceso administrativo que llevó a la intervención y ha iniciado una investigación por presunta asociación ilícita y tráfico de influencias.
Este análisis involucra a funcionarios del entorno de Milei y al diputado nacional Pablo Ansaloni, quienes estarían implicados en un supuesto intento de apropiación ilícita de la institución.
Además, se cuestionó la justificación económica para la intervención, señalando que los informes presentados no se corresponden con la realidad contable de la Obra Social.
Balances dudosos
Para el Juez, el estado contable “crítico” que describe la Superintendencia como argumento para la intervención no se condice con el “análisis preliminar del ejercicio contable cerrado al 31/12/2023” en el que “se advierte resultado positivo del ejercicio contable y con respecto a las deudas se advierte que las mismas han disminuido”.
Según el análisis del juzgado, tampoco coincide con la realidad el repaso de la situación prestacional que se detalla en la Resolución ni su nivel de litigiosidad. En ambos casos se presentan cifras muy por encima de los que pueden constatar efectivamente.
Denuncia contra Oriolo
Además, se tomó la denuncia contra el propio Oriolo, así como contra los titulares de las diversas áreas técnicas que hayan suscripto la Resolución, por el presunto delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Vale recordar que el propio Ansaloni, hoy diputado de La Libertad Avanza, tuvo un paro por OSPRERA en el pasado cercano y que su gestión terminó con una denuncia que todavía se tramita en la justicia por una presunta defraudación multimillonaria de la institución de salud.
Fuente: InfoGEI