La oposición impugnó el referéndum que también cuestiona la UE
El Partido Republicano del Pueblo, la segunda fuerza política en el Parlamento, solicitará la cancelación de la consulta en el que el «Sí» a una reforma presidencialista se impuso con un 51,4 % de los votos.
El Partido Republicano del Pueblo (CHP), la segunda fuerza política en el Parlamento de Turquía, solicitó formalmente la cancelación y repetición del referéndum constitucional del domingo pasado, en el que el «Sí» a una reforma presidencialista se impuso con un 51,4% de los votos, mientras arreciaban desde la Unión Europea (UE) los cuestionamientos al acto comicial.
Para el CHP la elección debe repetirse porque hubo irregularidades en el recuento de los votos.
«Esta elección no es válida, no es legítima. Para acabar con esta ilegalidad solicitamos a la Junta Suprema Electoral (YSK) que anule el referéndum», declaró el vicepresidente del CHP, Bülent Tezcan, tras formalizar la petición de impugnación.
Mientras tanto, arrecian desde la Unión Europea (UE) los cuestionamientos al acto comicial.
El dirigente socialdemócrata insistió en que la solicitud de impugnación se argumenta en que se escrutaron como válidos cientos de miles de votos que no contaban con el obligatorio sello de las respectivas mesas electorales y ahora ya no se los puede discriminar de los bien emitidos.
Por ello, exigió que se repita la consulta del domingo.
A la espera de que se hagan públicos los resultados definitivos, se estima que las boletas del sí superaron en apenas 1,25 millones a las del no, pero el CHP considera que al menos 2,5 millones de boletas no selladas fueron consideradas válidas e incluidas en el recuento total.
La YSK, por su parte, ha descartado la posibilidad de que esos votos no sellados sean falsos.
El presidente de la Junta Suprema Electoral, Sadi Güven, atribuyó ayer la ausencia de sellos al «desconocimiento o negligencia» de los componentes de la mesa, por lo que se reafirmó en la decisión de admitirlos como válidos.
Güven aseguró que, pese a que la ley electoral lo prohíbe expresamente, «no es la primera vez que se hace».
Pero otro vicepresidente del CHP, Seyit Torun, ya había adelantado a la prensa que el pedido aporta «muchas pruebas concretas. Hay videos de votaciones falsas y fraude».
También la misión de observadores electorales de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa (OSCE) confirmó ayer que la decisión del YSK de dar validez a estos votos, emitida tras iniciarse el recuento, «socavaba una importante medida de seguridad» y era «contraria a la ley».
El Gobierno alemán, además, instó a Turquía a despejar cuanto antes las dudas sobre la transparencia de la consulta para dotar de un sistema presidencialista al país que preside Recep Tayyip Erdogan.
El ministro del Interior alemán, Thomas de Maiziere, hizo esta exigencia en declaraciones reproducidas profusamente por la prensa germana, en las que cuestiona que se pueda hacer una consulta durante un estado de emergencia.
«Ahora debe producirse una rápida aclaración para comprobar si el referéndum transcurrió de forma justa y limpia, en la medida en la que se pueda hablar de ello en las actuales circunstancias en Turquía», afirma el ministro, citado por las agencias de noticias EFE y DPA.
Con estas palabras, de Maiziere aludió a las limitaciones a las libertades impuestas por el Gobierno turco desde el intento de golpe de Estado del pasado julio, un estado de excepción -con purgas y recortes a la libertad de prensa- que Berlín ha criticado en repetidas ocasiones.
Además, De Maiziere deseó que Ankara se «comporte razonablemente con el resultado del referéndum» y no busque que aumenten las tensiones en la sociedad turca.
El político conservador, además, pidió a los turcos que residen en Alemania y a los turco-alemanes (que suman 3,2 millones de personas) que se involucren «en un debate para un futuro común constructivo».
La Comisión Europea (CE), en tanto, pidió a Turquía que lleve a cabo «investigaciones transparentes» a raíz del resultado del referéndum y los informes de los observadores internacionales, que sugieren irregularidades en el desarrollo de la consulta.
El portavoz jefe de la CE, Margaritis Schinas, llamó «a todos los actores a ser comedidos» y a las autoridades a «lanzar investigaciones transparentes sobre las declaraciones de irregularidades identificadas por los observadores».
Según los observadores de la OSCE y del Consejo de Europa, el referéndum constitucional celebrado el domingo en Turquía no cumplió con los estándares democráticos, debido sobre todo a la «falta de imparcialidad» en la campaña.
Paralelamente, la ONG Human Rights Watch (HRW) resaltó que «la campaña tuvo lugar bajo un estado de emergencia y en un clima altamente represivo después del fracasado golpe militar del 15 de julio de 2016».
La ONG, que pidió el fin del estado de excepción, señaló también que durante la campaña «el presidente y el gobierno controlaron los medios de comunicación, dominaron la esfera pública y encarcelaron a periodistas críticos y dirigentes de la oposición parlamentaria prokurda».
En tanto, el diputado del Partido Socialdemócrata Austríaco (SPO), Stefan Schennach, denunció hoy en Viena que el único equipo de observadores electorales del Consejo de Europa desplazado a la región oriental de Turquía para auditar los estándares del referéndum fue retenido durante horas por la policía, lo que obstaculizó gravemente su misión.
Finalmente, el gobierno británico de Theresa May instó a Ankara en un comunicado a «introducir los cambios constitucionales de un modo que preserve la democracia, respete el Estado de derecho y proteja las libertades fundamentales».