Milei le dio más poder a los espías
Sede de la SIDE
El Gobierno oficializó una reforma integral del sistema de inteligencia que centraliza funciones en la SIDE, crea nuevas agencias y autoriza la aprehensión de personas en flagrancia.
Este viernes, la administración de Javier Milei puso en marcha una profunda transformación del sistema de inteligencia argentino mediante un decreto que modifica su estructura legal y amplía significativamente sus capacidades operativas. La norma, publicada en el Boletín Oficial, redefine el rol de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y establece nuevas facultades, incluyendo la posibilidad de realizar tareas encubiertas y detener ciudadanos en casos de flagrancia.
El decreto 941/2025, firmado por el Presidente y su gabinete, consolida a la SIDE como el órgano rector del sistema y le confiere un nivel de centralización inédito. El organismo, que continuará bajo la dirección de Cristian Auguadra y Diego Kravetz, coordinará desde las sombras el asesor presidencial Santiago Caputo, concentrando además la aprobación de presupuestos y el control de los gastos reservados.
Una reestructuración con nuevas agencias y funciones
La reforma implica una reescritura de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) y se presenta con el objetivo declarado de “centralizar, modernizar y reordenar” todo el esquema. La SIDE pasará a estar integrada por cuatro organismos con autonomía técnica pero bajo su conducción política: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC) y la Inspectoría General de Inteligencia.
Uno de los cambios sustanciales es la transformación de la ex Agencia de Seguridad Nacional en la ANC, con la misión de “prevenir y detectar amenazas estratégicas internas”. El decreto amplía el concepto de contrainteligencia, imponiendo medidas de seguridad pasivas obligatorias en todo el sector público nacional.
La distinción entre ciberseguridad y ciberinteligencia
La administración libertaria establece una separación clara entre dos áreas que hasta ahora solían superponerse. Por un lado, la ciberseguridad, dedicada a la protección de infraestructuras críticas, estará a cargo del recién creado Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Por el otro, la ciberinteligencia, que analiza las amenazas en el espacio digital, será competencia exclusiva de la Agencia Federal de Ciberinteligencia. Esta división busca especializar las respuestas del Estado frente a riesgos tecnológicos crecientes.
Centralización presupuestaria y comunidades de información
La SIDE no solo gana poder operativo, sino también financiero. Coordinará y controlará los presupuestos de todos los organismos de inteligencia y supervisará los gastos reservados. Además, tendrá la facultad de requerir información “a todo el sector público, provincias y la Ciudad de Buenos Aires, cuando lo considere” necesario.
El decreto también institucionaliza dos espacios de intercambio de datos. La Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) integrará a todos los organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y la Unidad de Información Financiera (UIF) en un ámbito permanente de coordinación. En paralelo, la Comunidad Informativa Nacional (CIFN) sumará a ministerios y organismos civiles para aportar información estratégica, sin realizar tareas de inteligencia propiamente dichas.
Reforma en la inteligencia militar y facultades controversiales
En el ámbito castrense, la reforma disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa y traspasa sus funciones a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO). El objetivo declarado es evitar duplicidades y concentrar la producción de inteligencia estratégica militar.
Uno de los puntos que ha generado mayor debate es la autorización para que los organismos de inteligencia puedan “proveer su propia seguridad; repeler agresiones contra instalaciones, personal u operaciones y aprehender personas en casos de flagrancia, dando aviso inmediato a fuerzas de seguridad”. Esta potestad, que ha despertado críticas en un sector de la oposición, representa una expansión significativa de las atribuciones de los servicios.
El carácter encubierto y las limitaciones formales
El texto oficial refuerza el carácter secreto de las actividades. «Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”, subraya el decreto en su justificación.
Al mismo tiempo, reafirma viejas prohibiciones, como la de realizar espionaje por motivos ideológicos, religiosos o políticos, o ejercer influencia sobre partidos políticos, medios de comunicación o la opinión pública. La designación de los directores de los organismos principales, que tendrán rango de secretario, deberá ser informada a la Comisión Bicameral del Congreso.
Los objetivos formales de la SIDE
El anexo del decreto enumera diecisiete objetivos formales que guiarán a la SIDE. Entre ellos, conducir el esfuerzo de Inteligencia Nacional y Contrainteligencia, planificar y ejecutar el Ciclo de Producción de Inteligencia, y dirigir el Sistema de Inteligencia Nacional.
También se le encomienda entender en la lucha contra el terrorismo, coordinar acciones con provincias y la Ciudad de Buenos Aires, dirigir las comunidades CITN y CIFN, y elaborar el Informe Anual de Actividades para presentar ante la Comisión Bicameral de Fiscalización del Congreso.
La norma entra en vigencia desde su publicación y, según establece la ley 26.122, debe ser tratada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, un paso que determinará su futuro político en el ámbito legislativo.