Paro universitario por tiempo indeterminado en reclamo de financiamiento

Docentes de la UBA anunciaron una medida de fuerza sin plazo a partir del 16 de marzo. Exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 51%. Los gremios nacionales se suman al plan de lucha.

Las aulas de la Universidad de Buenos Aires volverán a quedar vacías, pero esta vez sin fecha de regreso a la vista. La Agrupación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) anunció un paro por tiempo indeterminado a partir del 16 de marzo, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial que, según los gremios, el gobierno de Javier Milei adeuda. La decisión se tomó en asambleas realizadas en las facultades de Medicina y Ciencias Exactas, donde los docentes definieron no volver a las aulas hasta que el Ejecutivo nacional atienda sus demandas.

«No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente», afirmaron desde AGD-UBA a través de su página web. Los dirigentes gremiales sostuvieron que el conflicto salarial, que comenzó en paralelo a las políticas de ajuste de la administración libertaria, se agravó en los últimos meses por la falta de actualización de los ingresos del sector. La pérdida del poder adquisitivo se profundizó mientras el Gobierno busca impulsar cambios en la normativa de financiamiento.

La medida se extiende a todo el país

La convocatoria al paro no es exclusiva de la UBA. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) definió avanzar con un plan de lucha escalonado que se extenderá durante todo el semestre. El plenario de secretarios generales resolvió que, además de la semana de paro prevista desde el lunes 16, el gremio llevará adelante nuevas medidas de fuerza frente a la decisión del Ejecutivo nacional de no aplicar la ley vigente.

«La contundencia de las medidas responde a una situación salarial insostenible para la docencia universitaria y a la necesidad de responder con fuerza a este nuevo ataque», señalaron desde el plenario de CONADU al justificar la convocatoria. En el mismo sentido, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) había realizado un paro nacional docente el 2 de marzo, con alto acatamiento en todas las provincias. En la Ciudad de Buenos Aires, los maestros se movilizaron desde el Cabildo al Congreso, en una protesta que contó con la presencia de CONADU, CONADU Histórica y AMET.

El origen del conflicto: la ley y el proyecto oficial

El descontento de los gremios docentes se origina en la decisión del Gobierno nacional de impulsar un proyecto para modificar la Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa oficial reduce el alcance de la recomposición salarial, establece aumentos escalonados del 4,1% en tres tramos, elimina la actualización automática por inflación y deja sin efecto la recomposición correspondiente al período 2023-2024.

Los docentes consideran que esta propuesta vulnera derechos adquiridos y profundiza el ajuste sobre el sector. Desde AGD-UBA fueron contundentes: «Plan de lucha nacional, con paros, movilizaciones (regionales y federal). Con acciones y cortes, permanencias en facultades y colegios de todo el país. Gazebos en la vía pública o esquina de cada facultad. Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria en defensa del salario y la universidad pública».

Los rectores también reclaman

La pulseada no es solo gremial. Esta semana, los rectores de universidades nacionales con sede en la provincia de Buenos Aires se reunieron para reclamar el cumplimiento de la norma sancionada por el Congreso. El encuentro tuvo lugar en la Universidad Nacional de Hurlingham, donde las autoridades académicas analizaron la situación financiera de las casas de altos estudios y definieron insistir con el reclamo judicial para la implementación efectiva de la legislación.

«Eso es lo que queremos que se cumpla. La decisión judicial es clara en cuanto ordena al Gobierno que debe aplicar la Ley», fustigaron los rectores, en referencia a los fallos que obligan al Ejecutivo a respetar el financiamiento universitario votado por el Parlamento. La posición de las autoridades académicas se suma al frente de protesta que amenaza con paralizar la educación superior en todo el país.