Senado: aprobaron quitarle la patria potestad a los femicidas
El Senado aprobó por unanimidad ayer (31/5) una ley para retirar la patria potestad a los femicidas y culpables de otros delitos graves, con el fin de evitar la «revictimización» de los menores de edad afectados por la violencia machista.
La norma modifica el Código Civil y Comercial al introducir la privación de la responsabilidad parental para cualquiera de los progenitores cuando sea condenado como autor, coautor o instigador en casos de homicidio agravado por vínculo o por violencia de género, lesiones gravísimas y abuso del hijo o hija.
La medida no se aplicará en el caso de que una mujer sea procesada por haber matado a su pareja en legítima defensa, tras haber sido víctima de la violencia machista.
Aprobada por 47 votos a favor, la ley fue impulsada por los senadores del peronista Partido Justicialista-Frente para la Victoria (en la oposición) Juan Manuel Abal Medina y Marina Riofrío y en principio solo incluía la suspensión de la patria potestad en los casos de feminicidio, pero fue ampliada a otros tres supuestos en la Cámara de Diputados a finales de abril.
El objetivo es «evitar exponer a los menores a procesos de revictimización que no hacen más que vulnerar sus derechos humanos fundamentales, de indispensable cumplimiento para asegurar el desarrollo pleno e integral de la infancia», según el texto de la norma.
El Senado también aprobó este miércoles la creación del «Programa de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales», destinado a apoyar en educación, salud, trabajo y vivienda a personas de entre 13 y 21 años que no pudieron ser adoptadas.
La Cámara alta aprobó, también por unanimidad -con 58 votos a favor-, el proyecto de Ley de Protección, Derechos y Garantías de las víctimas de delitos y lo envío a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva en una próxima sesión.
La iniciativa, impulsada por opositor Frente Renovador en la Cámara baja con el apoyo del oficialismo, está dirigida a garantizar el patrocinio jurídico gratuito y la creación de centros de protección y asistencia a las víctimas.
El proyecto de ley establece que las víctimas deben ser notificadas sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se les otorgue a los delincuentes condenados y a los acusados.
Asimismo, en el debate de este miércoles se incorporó a la iniciativa la figura de un defensor público de la víctima, que tendrá que designarse en cada provincia y la ciudad de Buenos Aires.