Un fiscal investiga si hay cláusulas secretas entre Uruguay y UPM
Un fiscal uruguayo inició una investigación para determinar si existen cláusulas secretas e «ilícitas» en el convenio entre la pastera UPM (ex Botnia) y el Estado del vecino país.
Según trascendió, en los próximos días avanzarán intimaciones dirigidas hacia la empresa y hacia el gobierno para que revelen si existe un convenio que sería "ilícito", según la Constitución de ese país.
La presentación bajo la forma de una "medida preparatoria" fue presentada el 23 de septiembre pasado.
El juzgado letrado en lo civil de octavo turno a cargo de Ana de Salterain lo aceptó y ahora deberá exigir tanto a UPM como al gobierno de José Mujica que informen si existe un "Convenio de Inversión" entre ambos, lo que sería contrario a la ley.
"Desde 2004, cuando Botnia anunciaba su intención de instalarse en el territorio nacional, y hasta el presente, nunca se había indicado a la ciudadanía de la existencia de un Contrato de Inversión entre la Corporación Nacional Privada y el Estado Nacional. Tal circunstancia ha permanecido en la opacidad", afirmó el fiscal Viana.
El funcionario se basó en información pública sobre la "renegociación" de ese contrato con la empresa que fue comunicada por el propio gobierno uruguayo.
"Se desconoce cuál es el contenido cierto estipulado en ese Contrato de Inversión con UPM o BOTNIA, cuándo fue acordado y por quiénes fue suscripto en representación del Estado uruguayo.
Con las implicancias que tiene todo Contrato de Inversión, se hace imprescindible conocer el mismo en todo su tenor.
Sabido es que los Contratos de Inversión entrañan serios condicionamientos a la voluntad de los Poderes del Estado, aboliendo la Soberanía de una Nación y su mismísima cualidad de República", afirmó el fiscal.
Para el funcionario, "un contrato de estas características condiciona al Estado uruguayo que no le puede negar a la empresa estos aumentos de producción".
"De no cumplir con esto, si se pusiera firme, Uruguay sería demandando por una compensación, por no permitirle desarrollar su proyecto, ante el CIADI. Es un regreso al feudalismo", aseguró el fiscal.