Una funcionaria destacó la necesidad de “robustecer” la ley de datos personales
La directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz de Anchorena, sostuvo este miércoles que los procesos de recuperación de datos personales “necesitan una reforma porque la revolución tecnológica es exponencial” y precisó que la norma propone un cambio de paradigma, ya que “se pasa de garantizar el derecho de las personas a la protección de sus datos personales”.
Anchorena expuso en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación general de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de Protección de Datos Personales, enviado recientemente por el Poder Ejecutivo, que apunta a modernizar la legislación existente y armonizarla con las nuevas tecnologías “para que brinde mejores respuestas a la ciudadanía”.
En ese marco, la funcionaria recordó que ese organismo trabaja en el proyecto “hace 1 año” y sostuvo que “fue producto de un trabajo participativo, abierto, con mesas de diálogo”, al afirmar que “se trata de pensar si el celular del 2000 y el que tenemos hoy, nos sirve”.
Los fundamentos de la reforma
“La ley del 2000 para regular procesos de datos de recuperación claramente necesita una reforma. A más de 20 años de la sanción de la ley, el contexto nos marca la necesidad de modificar y robustecer la norma, porque la revolución tecnológica es exponencial”, aseveró Anchorena.
Según la funcionaria, “los datos personales son el insumo principal de muchos procesos productivos” y precisó que la iniciativa propone “un cambio de paradigma ya que pasamos de garantizar el derecho de las personas a la protección de sus datos personales y su privacidad, desde una perspectiva de los derechos humanos”.
Argentina, primer país de la región en tener una ley de protección de datos personales
Anchorena puso de relieve además que Argentina “fue el primer país de la región en tener una ley de protección de datos personales en el 2000 y es pionero en la materia”, a la vez que sostuvo que la norma tiene “lenguaje neutro que permite que permanezca en el tiempo”.
Asimismo, la funcionaria afirmó que la norma incorpora además “el tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes”, al precisar que busca “brindar respuestas ante el vínculo inmersivo que tienen los niños con las tecnologías”, así como la obligación del Estado de “promover información y capacitar sobre eventuales riesgo del uso indebido de sus datos personales”.
Las modificaciones a la ley vigente
Anchorena sostuvo que la iniciativa contempla un registro nacional de protección de datos y, entre las sanciones, por el incumplimiento de la norma se establecen “apercibimientos, cierre temporal y cierre definitivo, así como la modificación del monto de las multas que van de 1000 a 100.000 pesos”.
“A 40 años de democracia, este proyecto es producto de la discusión y del debate de ideas sobre las necesidades de la realidad argentina, con una mirada situada y soberana y que es transversal a todos los sectores productivos y es además la base para desplegar otras políticas públicas”, remarcó la funcionaria.
Además, agregó: “Si queremos tener proyecto de regulación de la inteligencia artificial, por ejemplo, tenemos que modificar la ley de datos personales”.
La AAIP es un organismo autárquico en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con rango y jerarquía de Secretaría.
El proyecto de ley fue enviado al Congreso el pasado 30 de junio y prevé que sus normas se apliquen al tratamiento de datos personales, incluso si “no forman parte de una base de datos o se les haya aplicado medidas de pseudonimización”, término que alude a las acciones medidas dirigidas a impedir que esta información pueda atribuirse a un titular sin utilizar precisiones adicionales.
En sus fundamentos, la iniciativa se refiere especialmente “a la libertad de expresión”, al indicar que se debe conciliar este derecho con “la protección de datos personales y el proceso de Memoria, Verdad y Justicia frente a crímenes de lesa humanidad”.
Además, el proyecto se establece que “en ningún caso puede afectar el secreto de las fuentes de información periodística en el marco de esta actividad”.
En tanto, establece que queda exceptuado de sus alcances “el tratamiento de datos que efectúe una persona humana para su uso exclusivamente privado o de su grupo familiar y, por tanto, sin conexión alguna con una actividad profesional o comercial”.
El proyecto destaca que tampoco son aplicables las disposiciones establecidas en dicha esta ley a la información anónima ni a los datos anonimizados, de forma tal que el titular de los datos no sea identificable.
Con información de la agencia Télam