Con acusaciones al juez del concurso, Alberto F derogó la intervención de Vicentin

Mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández firmado por sus ministros, se anuló este viernes la intervención de la empresa Vicentin. De esta forma, tras el retiro de la Provincia de Santa Fe de la negociación, todo el proceso queda en manos del juez comercial Lorenzini y los directivos de la empresa.

Las negociaciones por la continuidad de la cerealera Vicentin experimentaron un paso atrás luego de que el Gobierno de la provincia de Santa Fe anunciara su decisión de retirarse del diálogo institucional, a raíz de que los directivos de la empresa no aceptaron retirarse de la administración, en vistas a la posible conformación de un fideicomiso.

“Este marco de negociación institucional es un capítulo cerrado”, había sentenciado el secretario de Justicia santafesino, Gabriel Somaglia, al término de una reunión en el Juzgado en lo Civil y Comercial de Reconquista a cargo de Fabián Lorenzini.

La decisión del Gobierno de Omar Perotti coincidió con el allanamiento a la sede de la compañía que ordenó el juez federal Julián Ercolini en busca de documentación, ante el requerimiento que formalizara en junio la Unidad de Información Financiera (UIF).

A través de su cuenta personal en Twitter, el Presidente explicó su decisión:

“He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”, explicó el primer mandatario.

Y prosigue: “En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”.

“Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”, agrega.

“La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”, concluye.

Pero indica que “el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”.

“Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”, añade.

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