Diputados: el Gobierno logró dictamen favorable para bajar la edad de imputabilidad
Comisiones debatiendo la ley penal juvenil (Foto: HCDN)
El oficialismo y sus aliados firmaron esta tarde un despacho de mayoría que establece en 14 años la edad mínima de punibilidad. El proyecto, que obtuvo 81 rúbricas, será votado mañana en el recinto.
Después de una jornada atravesada por cruces calientes, reclamos de forma y críticas cruzadas, el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados estampó las firmas que le dan media sanción simbólica al proyecto más controvertido del verano político. El oficialismo consiguió dictamen de mayoría para el nuevo Régimen Penal Juvenil, que entre otros puntos sensibles reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El despacho, que según anunció la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, cosechó 81 firmas, quedó habilitado para ser tratado mañana a las 11 de la mañana en una sesión especial en el recinto.
La iniciativa logró reunir detrás suyo a un arco plural que incluye a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID. En la vereda de enfrente, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se negaron a acompañar y prometieron batalla en el recinto. El debate, que se desarrolló en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, Familia, Justicia y Presupuesto, dejó expuesta la profunda grieta que existe en torno a cómo debe tratar el Estado a los menores que cometen delitos graves.
Los ejes centrales del nuevo régimen
El proyecto que obtuvo dictamen establece en 14 años la edad mínima de imputabilidad para delitos considerados graves: homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. La pena máxima de prisión para menores queda fijada en 15 años, dejando de lado la posibilidad de reclusión perpetua. Para delitos con penas inferiores a los 3 años, se descarta por completo la prisión efectiva. En tanto, para aquellos que tengan penas de entre 3 y 10 años y no hayan ocasionado muertes o lesiones gravísimas, se prioriza un abanico de sanciones alternativas: prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño.
El texto incorpora además un cambio sustancial que fue exigido por los bloques dialoguistas como condición para prestar apoyo. Se trata del financiamiento específico para que la ley no quede en una declaración de buenas intenciones. Se asignarán más de 20 mil millones de pesos a la Defensoría General y otros 3 mil millones al Ministerio de Justicia. Este punto fue el que obligó al oficialismo a dar marcha atrás con su intención original de fijar la imputabilidad en 13 años, una propuesta que retiró a las pocas horas de haberla lanzado ante la férrea resistencia del PRO y la UCR, que se mantuvieron firmes en el piso de 14 años.
Arranque caliente: el cruce Grabois–Quintar
Antes de que comenzara el desfile de argumentos técnicos, el plenario vivió un momento de alta tensión. La diputada Rodríguez Machado dio inicio al debate antes de que todos los legisladores estuvieran presentes, lo que despertó la ira del diputado de Unión por la Patria Juan Grabois. Cuando el libertario Manuel Quintar comenzó a defender la iniciativa oficial, Grabois alzó la voz para pedir que se aguardara unos minutos.
«Empecemos a respetar porque no está en la cancha», le soltó el diputado jujeño. Y fue más allá: le pidió al líder de Patria Grande que «deje de payasear» y lo acusó de montar «un show». El cruce encendió los ánimos en una comisión que de por sí anticipaba una discusión espesa.
La réplica de Tolosa Paz y la defensa de Giudici
Con el clima caldeado, tomó la palabra la diputada Victoria Tolosa Paz. La exministra de Desarrollo Social reconoció que el régimen penal de minoridad vigente «es vetusto» y «atrasa 100 años», pero cuestionó con dureza el proyecto del Gobierno, al que calificó como un «mamarracho» que está «a la derecha de la derecha». Acusó al oficialismo de «tener una fijación con la pena y el castigo» y anunció que su bloque presentará un dictamen propio, basado en la «especificidad», la «proporcionalidad en la pena» y la «justicia restaurativa».
Del otro lado, la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici salió al cruce. «Nadie habla de un castigo vengativo o de privar derechos», sostuvo, y explicó que el proyecto «está adecuando los parámetros penales a la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes». Giudici apeló a la comparación regional: destacó que en Chile, luego de bajar la edad de imputabilidad a 14 años, la reincidencia juvenil cayó un 28% según datos oficiales. También citó estadísticas cordobesas que indican que el 55% de los adolescentes sometidos a procesos penales tienen menos de 16 años. «Es importante reconocer y entender el diagnóstico para poder elaborar una política pública», afirmó.
El respaldo de Rodríguez Machado
Al cierre del plenario, Laura Rodríguez Machado celebró el resultado. «Este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable. No se trata de una respuesta improvisada ni de una consigna coyuntural, sino de una decisión institucional para ordenar un sistema que durante décadas funcionó con vacíos, parches y contradicciones», afirmó la legisladora cordobesa. Con el despacho firmado, todas las miradas se posan ahora en el recinto, donde mañana los diputados deberán traducir en votos esta pulseada que lleva décadas latente.