¿Encubrimiento de Gendarmería? Cerraron el expediente por el disparo a Pablo Grillo sin sanciones
La fuerza concluyó que fue un «hecho fortuito» y atribuyó responsabilidad al fotógrafo, pese a videos que muestran al gendarme disparando en línea recta hacia la víctima.
La Gendarmería Nacional archivó la investigación interna sobre el disparo que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo durante las protestas del 12 de marzo frente al Congreso, determinando que no hubo responsabilidad por parte del cabo Héctor Guerrero, autor del disparo. La decisión generó fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y la familia de la víctima, quienes denuncian un encubrimiento institucional.
La versión oficial que no coincide con las imágenes
Según el informe final de la fuerza, los efectivos involucrados declararon que Guerrero apuntó hacia el suelo y que el proyectil rebotó dos veces antes de impactar en la cabeza de Grillo. La Gendarmería calificó el hecho como «fortuito», atribuyéndolo a «mala visibilidad» y a la «imprudencia» del reportero gráfico por ubicarse «en la línea de tiro».
Sin embargo, esta versión contrasta con videos de la represión que muestran claramente al gendarme disparando en línea recta hacia donde se encontraba Grillo. Estos registros no fueron incorporados al expediente administrativo, según confirmaron fuentes cercanas al caso.
Una investigación express
El proceso investigativo se desarrolló con celeridad inusual:
- 17/03: Se abre la Información Administrativa N° 01/25 por orden del Comandante Marcelo Porra Melconian
- 18/03: El Comandante Mayor Adrián Barressi presenta el «informe final»
- 19/03: El asesor jurídico José Carlos Lodolo avala el dictamen y se ordena el cierre
Aunque días después se reabrió brevemente para ampliar declaraciones y realizar pericias, el 29 de abril se confirmó el cierre definitivo sin aplicar sanciones. Guerrero continúa en sus funciones habituales.
Las voces críticas
Claudia Cesaroni, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos que representa a la familia Grillo, calificó el informe como «falaz» y denunció que busca «encubrir» a los efectivos. «Desde el 21 de marzo pedimos que se cite a indagatoria a Guerrero porque ya había elementos para considerarlo responsable de tentativa de homicidio agravado», afirmó.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), también querellante en la causa, sostuvo que el expediente «se cerró en tiempo récord» con el objetivo de «construir un relato cerrado, endogámico y corporativo» para garantizar impunidad.
La familia de Grillo emitió un comunicado señalando que la investigación «revela múltiples falencias que comprometen la seriedad y objetividad» del proceso. Organizaciones de derechos humanos coincidieron en que este caso se suma a un patrón recurrente donde las fuerzas investigan a sus propios miembros con resultados previsibles.
Mientras la causa penal sigue su curso, el archivo de la investigación administrativa profundiza las dudas sobre la transparencia en el tratamiento de casos que involucran a fuerzas de seguridad. Los abogados de Grillo anunciaron que insistirán en el pedido de indagatoria a Guerrero y en investigar la cadena de mando responsable del operativo.
