Javier Milei le dio $8.000 millones más a los espías sin explicaciones
Sede de la SIDE
El Gobierno le asignó $8.000 millones adicionales a la SIDE como «fondos reservados» mediante una decisión administrativa.
El gobierno de Javier Milei oficializó una ampliación presupuestaria de $25.000 millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incluyendo $8.000 millones en gastos reservados sin obligación de dar explicaciones. La medida fue establecida mediante la Decisión Administrativa 10/2025, firmada por el presidente, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.
La asignación, publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en la prórroga del presupuesto 2023 y permite al Ejecutivo redistribuir fondos sin aprobación del Congreso, según el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera. Sin embargo, el incremento a la SIDE generó inmediatas críticas por su carácter reservado y la falta de controles externos.
Los detalles de la asignación
Los $8.000 millones en gastos reservados representan la partida más polémica del ajuste presupuestario. Estos fondos:
- No requieren justificación pública
- Dependen directamente de Presidencia
- Fortalecen la capacidad operativa de inteligencia
Además de la SIDE, la medida redistribuye recursos a otras áreas:
- $105.000 millones para el Ministerio de Salud (vacunas e insumos hospitalarios)
- $200.000 millones para Seguridad (asistencia por inundaciones)
- $189.000 millones para Economía (infraestructura energética)
- $113.000 millones para las Fuerzas Armadas (equipamiento y operaciones)
Las críticas de la oposición
El director del Instituto Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, cuestionó la falta de transparencia: «Es preocupante que el Presidente amplíe el presupuesto de inteligencia sin discusión en el Congreso, especialmente con gastos secretos que no tienen ningún tipo de control externo».
La oposición también señaló que esta medida refuerza el poder del asesor presidencial Santiago Caputo, considerado parte del círculo íntimo de Milei. Los fondos reservados le otorgarían a este sector una «caja chica» millonaria con escasos mecanismos de fiscalización.
El contexto legal
El gobierno fundamentó la decisión en la prórroga del presupuesto 2023, vigente por la falta de una nueva ley sancionada. Este marco legal habilita al Ejecutivo a reasignar partidas sin pasar por el Legislativo, aunque tradicionalmente estas modificaciones se limitaban a gastos urgentes y de emergencia.
La medida también incluyó aumentos para empresas públicas como Belgrano Cargas y ADIF, así como para organismos como ACUMAR y el Ente Regulador del Agua, bajo el argumento de compromisos plurianuales o necesidades impostergables.