Ley Penal juvenil: El gobierno propone «delito de mayores, pena de mayores»

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que el oficialismo impulsará el debate para bajar la edad de imputabilidad en las extraordinarias. Sostiene que la ley de 1980 está desactualizada y que los menores de hoy comprenden la criminalidad de sus actos.

El gobierno del presidente Javier Milei puso en la mesa uno de los debates más sensibles y polarizantes de la agenda de seguridad. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que el oficialismo impulsará durante las sesiones extraordinarias del Congreso el tratamiento del proyecto para bajar la edad de imputabilidad penal de los menores. La iniciativa, que promete encender una discusión acalorada, se fundamenta en una premisa contundente: la legislación vigente, que data de 1980, ya no responde a la realidad de una violencia que, según el funcionario, involucra cada vez más a adolescentes en delitos graves.

Desde Israel, donde participa de una conferencia internacional, Cúneo Libarona defendió la propuesta y argumentó que el régimen actual se basa en una idea que ha quedado obsoleta. “El joven de 1980 no es el joven de 2026”, afirmó el ministro en declaraciones a Radio Rivadavia, fijando el eje del debate que buscará instalar en el Parlamento. Sostuvo que el contexto social ha cambiado drásticamente y que hoy muchos adolescentes son “producto de la droga, de la violencia, producto de múltiples factores”.

El argumento central: la utilización de menores y la impunidad

El titular de la cartera de Justicia apuntó a lo que describe como una falla estructural del sistema. Según su diagnóstico, bandas delictivas utilizan de manera sistemática a menores para cometer crímenes graves, aprovechando precisamente su condición de inimputables ante la ley. Esto, en su visión, genera un círculo vicioso de delincuencia sin consecuencias.

“Los chicos dicen ‘soy inimputable, no tengo problema’, entran y salen, y el sistema no da respuestas”, planteó Cúneo Libarona. Incluso relató anécdotas de supuestos casos en los que jóvenes, con tono desafiante, se escudaban en esa condición, llegando a recuperar la libertad “hasta seis veces en un mes”. Su postura es clara: “Hemos tenido hechos tremendos, sangrientos, cometidos por chicos de 14, 15 años, 13, 12, que perfectamente comprenden lo que hacen”.

Un nuevo régimen que promete no ser meramente punitivo

Frente a las críticas anticipadas que tildan la medida de meramente represiva, el ministro salió a aclarar los puntos centrales del proyecto. Negó que la iniciativa proponga un esquema puramente punitivo y aseguró que el nuevo régimen excluye de manera terminante el alojamiento de menores en cárceles comunes o junto a adultos condenados.

“No todos los jóvenes adultos en conflicto con la ley penal van detenidos”, explicó, detallando que las instalaciones previstas no serán “cárceles comunes” ni “de régimen de mayores”. Serían espacios separados, específicos para jóvenes, como los que ya existen en Ezeiza o Marcos Paz, donde, según dijo, “pueden desarrollarse” aislados de la población carcelaria adulta.

Educación obligatoria, oficios y un seguimiento individual

El funcionario describió un sistema que, en teoría, iría más allá de la simple privación de la libertad. El proyecto prevé dispositivos específicos con seguimiento caso por caso, contacto con las familias y lo que Cúneo Libarona definió como un “tratamiento educativo obligatorio”. Este incluiría formación escolar formal, aprendizaje de oficios y programas de resocialización y deporte.

“La idea es que separen a los menores según su connotación social, su violencia y los delitos que cometieron. Necesariamente, hay que reeducar, resocializar. No es el castigo por el castigo, es tratar de darle otra oportunidad”, concluyó el ministro, intentando marcar una diferencia con enfoques que priorizan solo el encierro.

La comparación internacional y el llamado a la actualización

Para defender la oportunidad y la conveniencia de la reforma, Cúneo Libarona apeló a los estándares internacionales. Señaló que en muchos países la edad de imputabilidad es inferior a la actual en Argentina, que se modificó por última vez hace más de cuatro décadas. Pidió así “adecuar la legislación” para poner fin a lo que considera un vacío que fomenta la impunidad.

“Estamos en 2026, con un mundo distinto y un joven distinto”, ratificó, asegurando que el diseño del proyecto no es improvisado, sino que es el resultado de un análisis exhaustivo y de múltiples reuniones con jueces, fiscales y especialistas en minoridad. Con este marco, el oficialismo se prepara para un debate legislativo que pondrá sobre el tapete conceptos fundamentales sobre responsabilidad, castigo y posibilidad de reinserción en la adolescencia.