Milei retrocedió: anuló cierres y fusiones de organismos que rechazó el Congreso
Javier Milei y Federico Sturzenegger
El Presidente firmó un decreto que restituye la vigencia de instituciones como Vialidad Nacional, el INTA y el Banco de Datos Genéticos tras su rechazo parlamentario
El gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con su plan de reforma del Estado al dejar sin efecto una serie de decretos que disponían la fusión, eliminación y modificaciones de organismos públicos que habían sido rechazados por ambas cámaras del Congreso. Mediante los Decretos 627/2025 y 628/2025 publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo restableció la plena vigencia de las estructuras organizativas previas.
Los organismos restituidos
La medida afecta directamente a instituciones clave que habían sido objetivo de la desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger. Entre los organismos que recuperan su status quo anterior se encuentran la Dirección Nacional de Vialidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial.
También quedan sin efecto la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y la fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyenano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas.
El marco legal del retroceso
El decreto 627 establece textualmente: «Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos».
La Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Economía serán los encargados de cubrir los servicios administrativos, financieros y jurídicos de forma transitoria, hasta que todos los organismos retomen completamente sus funciones.
Contexto político y judicial
El retroceso del gobierno se produce luego de que el Congreso rechazara los decretos de desregulación y la Justicia avalara medidas cautelares presentadas por trabajadores del INTA a través de APINTA y ATE, del INTI mediante la multisectorial de trabajadores del organismo, y del Banco Nacional de Datos Genéticos a través de Abuelas de Plaza de Mayo.
El gobierno sostiene que la medida es necesaria para «garantizar seguridad jurídica y continuidad administrativa, evitando interpretaciones contradictorias o discrecionales que afecten políticas públicas y servicios estatales». El decreto ya se encuentra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y será comunicado a la Comisión Bicameral del Congreso.
Esta decisión marca un significativo repliegue en la estrategia de reforma del Estado que había caracterizado los primeros meses de la gestión de Milei, evidenciando los límites que enfrenta el Ejecutivo para imponer su agenda sin consenso legislativo.