Presupuesto 2026: el Gobierno logró media sanción pero no pudo quitar los fondos para universidades y discapacidad

Tras una extensa y tensa sesión, la Cámara de Diputados dio aval general al proyecto oficial, pero rechazó de lleno un capítulo clave que eliminaba partidas sensibles.

En una jornada que se extendió por horas y estuvo cargada de negociaciones frenéticas hasta último momento, el oficialismo consiguió el objetivo principal de aprobar en general el Presupuesto Nacional para el año 2026. Sin embargo, el triunfo quedó matizado por una pérdida significativa: el rechazo en bloque de un capítulo completo que contenía algunas de las modificaciones más polémicas impulsadas por el Ejecutivo.

La votación en general, que necesitaba una mayoría simple, se logró con 132 votos a favor, 97 en contra y 17 abstenciones. Este respaldo mayoritario fue posible gracias a una coalición de fuerzas que superó los límites del bloque oficialista, La Libertad Avanza. Sumó a sus tradicionales aliados del PRO y la UCR, así como a representantes de Innovación Federal y otros espacios provinciales. Incluso contó con el apoyo clave de varios gobernadores peronistas alineados con la Casa Rosada, como Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta y Osvaldo Jaldo de Tucumán. En la vereda opuesta, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que el interbloque Provincias Unidas optó por la abstención, una postura que fue crucial para alcanzar el quórum pero que marcó una clara distancia.

La estrategia oficialista y la artimaña del capítulo único

El escollo principal no estuvo en la aprobación general, sino en la posterior votación en particular, artículo por artículo. Anticipando dificultades con algunas medidas impopulares, el oficialismo diseñó una estrategia para blindarlas. El jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, impulsó y logró que la votación se realizara por capítulos completos y no por artículos individuales. Esto significaba que los diputados debían votar a favor o en contra de paquetes de normas, sin posibilidad de discriminar.

El foco de la controversia se centró en el Capítulo XI. Allí, el oficialismo agrupó una serie de disposiciones diversas, incluyendo el polémico artículo 75, que buscaba derogar las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad. Pero no era lo único. En las horas previas a la votación, se incorporaron a ese mismo capítulo otras medidas, como el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema sobre fondos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires –una exigencia del jefe porteño, Jorge Macri– y una transferencia de más de 21.300 millones de pesos al Ministerio Público Fiscal.

La maniobra fue interpretada por la oposición como una presión indebida. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue contundente al calificarla: “Es una extorsión”, acusó, advirtiendo que quienes votaran a favor del artículo 75 estarían “violando la ley de administración financiera”.

La oposición denuncia una “perversidad” en el mecanismo

La táctica del oficialismo generó un malestar transversal y fue explicada con crudeza por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. En sus declaraciones, Martínez catalogó el procedimiento como una “perversidad” y detalló su funcionamiento: «Para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el capítulo 11 para que el resto no se pueda despegar del artículo 75». Además, señaló que con la inclusión de fondos para la Justicia en ese paquete se buscaba condicionar al Poder Judicial, para que “ni se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 porque sino se les cae el financiamiento al Poder Judicial”.

Esta estrategia de empaquetar medidas dispares buscaba, en la teoría oficialista, asegurar los votos de aliados que podrían haber rechazado solo el artículo 75 pero necesitaban las otras partidas. Sin embargo, el plan terminó por unir a una oposición heterogénea en su rechazo al paquete completo.

La caída estrepitosa del capítulo polémico

Cuando llegó el momento de votar el Capítulo XI en particular, la estrategia oficialista se resquebrajó. A pesar de las intensas negociaciones y concesiones ofrecidas a los gobernadores aliados, el paquete no logró reunir los apoyos necesarios. El resultado fue claro: 123 votos en contra y apenas 117 a favor, con dos abstenciones. La derrota parlamentaria fue celebrada con euforia por los bancos opositores, que vieron caer, de un solo golpe, todas las medidas contenidas en ese segmento del proyecto.

Con la caída del Capítulo XI, no solo se preservaron las leyes de financiamiento universitario y discapacidad, que el Gobierno ya había intentado derogar mediante un veto que el Congreso rechazó previamente. También quedaron sin efecto otras modificaciones que el Ejecutivo anhelaba, como la restricción del régimen de zona fría para las tarifas de gas y la eliminación de la actualización automática de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y las Asignaciones Familiares. Incluso las concesiones negociadas a último momento, como los fondos para la CABA y el Poder Judicial, se desvanecieron al ir todas incluidas en el mismo paquete rechazado.

Un presupuesto amputado rumbo al Senado

El proyecto de Ley de Presupuesto 2026, el primero que el presidente Javier Milei logra hacer aprobar en general en sus casi dos años de gestión, quedó así marcado por una importante modificación. La media sanción que obtuvo en la Cámara baja está incompleta, privada de uno de sus capítulos fundamentales según la visión oficial. El texto, en su versión mutilada, fue girado al Senado para su tratamiento definitivo.

El revés fue de tal magnitud para el oficialismo que, en los pasillos del Congreso y en las horas posteriores a la sesión, comenzó a circular con fuerza la posibilidad de un veto presidencial total al Presupuesto si llegara al despacho de Milei en estas condiciones. La derrota en Diputados, en la primera sesión donde el Gobierno aparecía empoderado por los resultados electorales recientes, dejó en evidencia las fragilidades de su bloque y la complejidad de sostener alianzas circunstanciales cuando se votan medidas de alto impacto social.