Reforma laboral: el Gobierno anticipa la aprobación y ya se preparan marchas en contra

El oficialismo confía en los números para sancionar el proyecto en el Senado durante febrero, mientras organizaciones sociales y la izquierda convocan a una masiva movilización de rechazo frente al Congreso.

Diversos movimientos sociales, agrupaciones piqueteras y sectores de izquierda ya tienen fecha fijada para llevar su protesta a las puertas del Congreso de la Nación. Lo harán el mismo día en que el Senado se disponga a debatir el polémico proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, en lo que anticipan será una demostración masiva de fuerza en las calles.

La convocatoria encuentra su núcleo en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), pero se extiende a otras organizaciones territoriales y partidos de izquierda. Desde estos espacios afirman que los ajustes y concesiones ofrecidos por el Ejecutivo no alcanzan a modificar lo que consideran el corazón del problema: una iniciativa que, a su juicio, recorta derechos históricos de los trabajadores.

Este nuevo capítulo de conflicto se activó con la firma del Decreto 24/2026 por parte del presidente Javier Milei, que convocó a sesiones extraordinarias del Congreso para todo el mes de febrero. En ese calendario legislativo acelerado, la denominada “modernización laboral” ocupa un lugar central en la agenda del oficialismo.

Una carrera contra el reloj en el Senado

La Casa Rosada se ha impuesto un cronograma apretado con el objetivo claro de lograr la sanción de la ley antes del inicio del período de sesiones ordinarias. Los cálculos del oficialismo apuntan a llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta entre el 10 y el 12 de febrero, con el día 11 como fecha tentativa fuerte para su tratamiento. Esa misma jornada ha sido elegida por los movimientos de protesta para su movilización, lo que augura una jornada de alta tensión en los alrededores del Palacio Legislativo.

Con una bancada propia que sigue siendo minoritaria, el bloque de La Libertad Avanza necesita sumar apoyos externos para conseguir el quórum. En este escenario, la figura de Patricia Bullrich adquiere un rol protagónico. Como jefa del interbloque oficialista en el Senado y presidenta de la clave Comisión de Trabajo y Previsión Social, su tarea es mantener cohesionado el proyecto y articular los acuerdos políticos necesarios para su aprobación.

La sensibilidad de la negociación con las provincias

Uno de los flancos más delicados de la negociación legislativa es el impacto fiscal del proyecto en las arcas provinciales. La reforma incluye cambios impositivos, como una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las empresas del 35% al 31,5%, que afectarían directamente los recursos coparticipables. Las estimaciones oficiales reconocen una merma potencial en la recaudación nacional de alrededor de 1,6 billones de pesos, un dato que genera escozor entre varios gobernadores.

Frente a esta situación, el Gobierno ha desplegado una doble estrategia. Por un lado, el ministro del Interior, Diego Santilli, recorre las provincias intentando intercambiar respaldos legislativos por pedidos menores de los mandatarios locales. Por otro, desde la Rosada descartan tajantemente implementar compensaciones financieras directas a aquellas provincias que se muestren reticentes al articulado tributario, diseñado bajo la órbita del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El rechazo frontal desde los movimientos populares

La oposición al proyecto no es solo parlamentaria. Desde los sectores más afectados por la reforma, el rechazo es categórico. El secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, no deja lugar a dudas sobre su postura. El dirigente afirma que la reforma “está orientada a quitarle derechos a los trabajadores que hoy se mantienen dentro de una relación salarial formal plena de derechos”. Además, lanza una fuerte advertencia sobre el nuevo esquema de indemnizaciones, argumentando que “propone pagar menos, en cuotas y con fondos que hoy pertenecen a los jubilados”.

Mientras la UTEP y la izquierda preparan la batalla en la calle, la Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene su estrategia de negociación puertas adentro, aunque sin bajar la guardia. La central obrera histórica continúa con su rechazo al texto original, pero opta por una táctica de “reducción de daños”, dialogando directamente con gobernadores y legisladores para introducir modificaciones. No descarta, sin embargo, escalar hacia nuevas medidas de fuerza, incluyendo la posibilidad de un paro nacional, si el Gobierno avanza sin ceder en los puntos que consideran centrales y nocivos.

La confianza oficialista y los ajustes de último momento

A pesar del clima de protesta y las negociaciones complejas, el ánimo dentro del Gobierno es de optimismo cauteloso. La administración libertaria asegura contar con los números necesarios para obtener la sanción de la reforma, un objetivo emblemático para Javier Milei. En principio, descartan realizar cambios sustanciales en el articulado, aunque admiten una flexibilidad limitada. Fuentes oficiales indican que estarían dispuestos a incorporar sugerencias, siempre y cuando no modifiquen el “espíritu” del proyecto ni impliquen alteraciones significativas de su arquitectura central.

Para afinar la estrategia final, la mesa chica del oficialismo se reunió el pasado viernes. El objetivo fue coordinar las acciones entre los referentes legislativos para sumar las voluntades faltantes. Como parte de este proceso, Patricia Bullrich impulsó la creación de una comisión de trabajo dentro del Senado, a cargo de la abogada laboralista Josefina Tajes, con el fin de dar un espacio formal para escuchar las sugerencias de los distintos sectores involucrados en la discusión.