Buque británico en Tierra del Fuego: el Gobierno nacional dijo que la provincia lo autorizó a amarrar

El ingreso de un petrolero británico al puerto de Ushuaia generó un fuerte cruce entre la provincia y la Nación. El gobierno de Javier Milei aseguró que el amarre fue autorizado por la propia administración fueguina y que el buque no operó en la cuenca Malvinas.

El amarre de un buque petrolero de bandera británica en el puerto de Ushuaia desató un nuevo episodio de tensión entre el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego y la administración nacional. La embarcación VS Promise, de 228,6 metros de eslora y con capacidad para transportar más de 500.000 barriles de crudo, permaneció amarrada en la terminal portuaria de la capital fueguina, lo que motivó un fuerte rechazo del gobierno provincial, que consideró «inadmisible» la operación de una nave del Reino Unido en un territorio que reclama como propio.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró este martes que el buque «pasó por Ushuaia para aprovisionarse» y afirmó que fue «el propio gobierno fueguino quien avaló el ingreso del buque británico en primer lugar». Ravier también sostuvo que no se violó «ninguna ley» porque la embarcación «venía de trabajar en Argentina» y no en la «cuenca Malvinas». Además, el portavoz explicó que, antes del amarre, la embarcación debió ser autorizada también por el gobierno de Tierra del Fuego, ya que la monoboya es de jurisdicción provincial.

El rechazo de la provincia y el reclamo a la Nación

La administración fueguina, encabezada por el gobernador Gustavo Melella, emitió un comunicado en el que «repudia y rechaza enérgicamente» la operación del buque petrolero de bandera del Reino Unido. «Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la provincia a la que esos territorios pertenecen», expresó el Ejecutivo fueguino.

La provincia también cuestionó los argumentos utilizados por la Nación para disponer la intervención del puerto de Ushuaia, ejecutada a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). Según recordó la provincia, la intervención fue dispuesta el 20 de enero y el Gobierno nacional la justificó en el carácter «estratégico» de la terminal y en la necesidad de «resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur». En ese contexto, el Gobierno fueguino reclamó que la administración nacional informe «de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación» del VS Promise.

La postura del secretario de Malvinas y el contexto geopolítico

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, afirmó en diálogo con El Destape que la presencia de un buque británico en el puerto de Ushuaia es la primera vez que ocurre en la historia. «No hay antecedentes de estas características», sostuvo, y agregó: «Es un petrolero que aparentemente venía de río Cullen, con un destino final a Estados Unidos. Nos parece una situación gravísima porque la ley desalienta toda la actividad económica que pueda ser funcional con la actividad de Malvinas».

Dachary también vinculó este incidente con la política exterior del gobierno de Javier Milei. «El presidente llegó con la generala Richardson y le prometió una base a los Estados Unidos. Hace poco más de un mes, padecimos la llegada de un buque de guerra en aguas jurisdiccionales de la provincia. Nos enteramos después del partido del Mundial», recordó. El funcionario provincial subrayó que «no tenemos eufemismos, somos una provincia invadida», y planteó que eventos de este tipo exponen que, por la ocupación del Reino Unido en Malvinas, Tierra del Fuego «es saqueada en sus recursos naturales».

La tensión entre Nación y provincia por el control del puerto

Este episodio volvió a poner en el centro de la escena la discusión entre la administración de Milei y el Gobierno de Tierra del Fuego en torno al control y la administración del Puerto de Ushuaia, considerado un punto estratégico para las operaciones argentinas en el Atlántico Sur. El gobernador Melella mantiene una postura de abierta confrontación con la Casa Rosada en torno a la soberanía y ha denunciado en reiteradas oportunidades la ausencia de diálogo institucional. La provincia convocó a «todos los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía» a defender el carácter estratégico del puerto de Ushuaia y a evitar que la defensa de la soberanía nacional quede reducida a una «mera declaración retórica».