Denunciaron penalmente a Javier Milei por el DNU del nuevo acuerdo con el FMI
javier Milei con Kristalina Georgieva
Un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó una denuncia penal contra el presidente por firmar un DNU que aprueba un acuerdo con el FMI sin consultar al Congreso. Alegan violación de la Constitución y usurpación de funciones.
Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por haber firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece un nuevo acuerdo de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin la aprobación del Congreso. Los legisladores argumentan que esta medida viola la Constitución Nacional y podría configurar delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Los fundamentos de la denuncia
La denuncia fue presentada por los diputados Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Brenda Vargas Matyi, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. En el documento, los legisladores sostienen que el DNU firmado por Milei viola el artículo 75 de la Constitución, que otorga al Congreso la facultad exclusiva de aprobar endeudamientos del Estado Nacional.
“Cualquier acuerdo que implique un compromiso financiero para la Nación debe pasar por ambas cámaras del Congreso”, afirmaron los denunciantes, citando los incisos 4°, 7° y 22° del artículo 75. Además, señalaron que el artículo 76 de la Constitución prohíbe la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, salvo en circunstancias excepcionales, lo que, en su opinión, no se aplica en este caso.
Acusaciones de usurpación de funciones
El decreto firmado por Milei establece que el Tesoro Nacional tomará nueva deuda para cancelar pasivos con el Banco Central. Los denunciantes afirman que esta medida constituye una “usurpación de funciones” del Poder Legislativo y podría configurar delitos previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal, que sancionan el abuso de autoridad y la violación de los deberes de funcionario público.
Los diputados también cuestionaron las declaraciones de la portavoz del FMI, Julie Kozack, quien afirmó que la aprobación del Congreso argentino “no es un requisito indispensable para la implementación del acuerdo”. Según los legisladores, este argumento es irrelevante, ya que la legislación argentina exige la intervención del Congreso en cualquier endeudamiento internacional.
Preocupación por el precedente institucional
Los denunciantes advirtieron que el DNU firmado por Milei podría sentar un “grave precedente” en Argentina, habilitando a futuros gobiernos a ignorar la intervención del Congreso en materia de endeudamiento público. “Más allá de la urgencia fiscal que aqueja al país, el procedimiento constitucional debe respetarse para garantizar la transparencia y la legalidad de las decisiones gubernamentales”, afirmaron.
En su denuncia, los diputados solicitaron a la Justicia que ordene la suspensión inmediata de cualquier acto administrativo derivado del decreto hasta que el Congreso se expida sobre el endeudamiento con el FMI. Además, pidieron que se libren oficios a ambas cámaras legislativas para que informen si han recibido alguna propuesta de ley al respecto y si desean asumir el rol de querellantes en la causa.
Reacciones del oficialismo y la oposición
Desde el oficialismo defendieron la legalidad del decreto, argumentando que es una herramienta válida para garantizar la estabilidad económica. Sin embargo, sectores de la oposición y especialistas en derecho constitucional expresaron preocupación por la posible vulneración del orden institucional.
El caso ahora está en manos de la Justicia Federal, que deberá evaluar la admisibilidad de la denuncia y resolver sobre la solicitud de medidas cautelares. De confirmarse las irregularidades denunciadas, el decreto podría quedar suspendido hasta que el Congreso debata el acuerdo con el FMI, lo que abriría un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno y el Poder Legislativo.
Antecedentes y contexto internacional
Los diputados también expusieron antecedentes jurídicos y decisiones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que consideran estos acuerdos como tratados internacionales, los cuales requieren la aprobación parlamentaria según el derecho argentino. Además, solicitaron la intervención del Ministerio Público Fiscal para que evalúe la posible comisión de delitos y determine si se configura un caso de “gravedad institucional”, doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se ven afectados principios fundamentales del sistema democrático.