Escándalo de las coimas: un gremio exige garantía de prestaciones para personas con discapacidad
El Sindicato de Choferes Particulares emitió un comunicado sobre el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y exigió garantías en las prestaciones a personas con discapacidad.
El sindicato liderado por Elba Andrea Aranda, que representa a trabajadores esenciales para la movilidad de personas con discapacidad que acceden a terapias y asistencias, solicitó la preservación de la continuidad del Sistema de Prestaciones Básicas, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y la legislación argentina. Este sistema incluye transporte, terapias, medicamentos y otras asistencias gestionadas a través del Programa Federal INCLUIR SALUD, fundamentales para la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.

Además, el comunicado enfatiza la necesidad de garantizar la sostenibilidad operativa de ANDIS, asegurando la continuidad de las autorizaciones prestacionales y el pago oportuno de las mismas para evitar retrasos que puedan poner en riesgo miles de puestos de trabajo. Los choferes, como pieza clave en la logística de traslados, destacan la importancia de no interrumpir estos servicios esenciales.
Por último, el sindicato propone la creación de una mesa de diálogo con la participación de todos los sectores involucrados, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo políticas de inclusión y acciones permanentes que resguarden este derecho humano fundamental.
El escándalo de las coimas y la intervención de ANDIS
La filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, desplazado de su cargo tras el escándalo, expuso un supuesto esquema de coimas en la compra de medicamentos, señalando a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, como presunta beneficiaria de un esquema de sobornos.
La crisis derivó en la intervención de ANDIS mediante el Decreto 599/2025, con la designación del Dr. Alejandro Alberto Vilches como interventor, y en una investigación judicial que incluye allanamientos y la prohibición de salida del país para varios implicados.
Con información de agencia Mundo Gremial
