Manes pidió informes al Gobierno por los alimentos retenidos

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El legislador radical presentó un proyecto de resolución junto a Natalia de la Sota (PJ cordobés), Mónica Fein (socialista), Daniel Gollán (Unión por la Patria) y otros diputados de la UCR. 

El diputado nacional Facundo Manes pidió este miércoles informes al Gobierno por los alimentos que tiene guardados en almacenes y exigió que se distribuya la mercadería. Además, plantea falta de empatía del Gobierno y “perplejidad” ante la decisión del mismo de apelar lo dispuesto por el juzgado. 

Manes, junto a un grupo de diputados de distintas fuerzas políticas, presentó un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para que brinde precisiones sobre los alimentos almacenados en galpones.

Gobernar es priorizar y no hay nada más urgente que acabar con el hambre. Este compromiso debe concretarse con decisiones políticas, y en la disposición inmediata y sin trabas de los recursos necesarios. Es una emergencia ante una catástrofe real», aseguró el neurocientífico.

«Derecho humano básico»

El problema del hambre no es una cuestión de escasez de comida. Es un problema de organización y de eficacia en las políticas públicas. Se trata de garantizar un derecho humano básico«, destacó Manes y afirmó que “no hay algo más urgente e indispensable que acabar con el hambre. Para resolverlo debe existir una voluntad política real.»

Por otra parte, explicó que “las personas que no se alimentan, o no lo hacen adecuadamente, tienen un impacto en la salud en el presente y también en el futuro. Solucionar este tema es una deuda moral de toda la sociedad y no hacerlo es una hipoteca para nuestro futuro”.

Qué dice el proyecto

La iniciativa legislativa, que firman además los diputados Natalia de la Sota, Mónica Fein, Fernando Carbajal, Marcela Coli, Pablo Juliano, Manuel Aguirre y Daniel Gollán, piden al Ministerio de Capital Humano que brinde precisiones sobre los alimentos almacenados en galpones que la Casa Rosada se niega a repartir pese a los reclamos de organizaciones sociales, la Iglesia y de una orden impartida por la Justicia Federal.

El texto presentado resalta que la situación “hubiera requerido la empática respuesta del gobierno de abrir inmediatamente las puertas de esos depósitos” y que “ante el hambre no puede oponerse burocracias ni rimbombantes explicaciones. Debe saciárselo como manda ética, legal y constitucional”.

Además, abunda en la “perplejidad” que provoca la decisión del Gobierno Nacional de apelar lo dispuesto por el juzgado, la cual “contradice los más mínimos presupuestos del ejercicio institucional y sorprende en un estado de derecho”.

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