Otro golpe para Milei en Diputados: deberá explicar la paralización de la obra pública
La Cámara baja aprobó por amplia mayoría un pedido de informes al Ejecutivo sobre el estado de las obras paralizadas, su impacto social y económico en el sector de la construcción.
La Cámara de Diputados aprobó este martes un pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional para que detalle la situación de las obras públicas paralizadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La iniciativa, que obtuvo 141 votos a favor y 64 en contra, busca esclarecer el impacto económico y social de las suspensiones en el sector de la construcción.
El proyecto fue impulsado por la Comisión de Obras Públicas, presidida por el diputado de Unión por la Patria Bernardo José Herrera, y exige al Gobierno un informe completo sobre las obras afectadas, incluyendo su grado de avance, motivos de paralización y consecuencias para las comunidades. El Ejecutivo deberá además especificar cuántas corresponden a áreas sensibles como educación, salud y vivienda.
Los detalles del pedido de informes
El texto aprobado requiere al Gobierno nacional que presente:
- Un listado completo de obras públicas en ejecución financiadas por el Estado
- Fechas y causas específicas de cada paralización
- Nivel de avance físico y financiero al momento de su interrupción
- Situación de proyectos con financiamiento internacional (BID, CAF, Banco Mundial)
- Obras gestionadas en conjunto con las provincias
Durante el debate, Herrera afirmó que «sin ningún tipo de análisis, el presidente de la Nación decidió terminar con la obra pública», y denunció que la medida dejó «3.500 proyectos inconclusos, perjudicó a 1.400 empresas del sector de la construcción y provocó la pérdida de 100.000 empleos directos».
El impacto económico y social
El diputado oficialista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) reconoció que la política actual en materia de inversión pública «es insostenible en el largo plazo», aunque defendió la necesidad de ajuste fiscal. Sin embargo, reclamó al Ejecutivo que clarifique su plan futuro para el sector.
Herrera destacó el efecto multiplicador de las suspensiones: por cada empleo perdido en la obra pública, se estima que desaparece al menos otro indirectamente. Además, señaló consecuencias concretas como familias sin acceso a viviendas terminadas y el encarecimiento del transporte por rutas inconclusas.
La respuesta pendiente del Ejecutivo
El pedido de informes llega en un contexto donde el sector de la construcción registra miles de despidos desde diciembre de 2023. Las provincias, especialmente aquellas con economías más dependientes de la obra pública, han manifestado su preocupación por el impacto territorial de las medidas.
La Cámara baja espera ahora que el Gobierno nacional detalle no solo el estado actual de las obras paralizadas, sino también su estrategia para reactivar un sector que históricamente funcionó como motor del empleo y el desarrollo regional. El plazo para la presentación de las respuestas no fue especificado en el texto aprobado.