Por decreto, Javier Milei controlará la luz y el gas sin intervención del Congreso
Javier Milei
El Presidente fusionó los entes reguladores de energía y eliminó controles parlamentarios en una medida que modifica radicalmente el sistema tarifario y habilita la libre competencia
El presidente Javier Milei firmó este miércoles los decretos 450 y 451/2025 que reorganizan por completo el sistema energético argentino, eliminando el ENARGAS y el ENRE para crear un único organismo controlado directamente por el Ejecutivo: el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. La medida, tomada en el marco de la Ley de Emergencia 27.742, concentra en el Poder Ejecutivo la regulación de servicios esenciales sin requerir aprobación legislativa.
Un nuevo esquema regulatorio
El flamante ente tendrá las siguientes características:
- Directorio de 5 miembros designados por el Gobierno con aval no vinculante del Congreso
- Autarquía funcional y presupuestaria
- Facultades para supervisar, sancionar y proponer políticas tarifarias
- 180 días de transición para reubicar personal y transferir patrimonios
Desde el oficialismo argumentan que la reforma busca «fortalecer la competencia, liberalizar contratos entre privados y permitir a usuarios elegir su proveedor». Sin embargo, la oposición ya advierte sobre el riesgo de mayor discrecionalidad en las tarifas.
Cambios profundos en el sector eléctrico
El paquete de medidas incluye:
- Apertura total al comercio internacional de energía
- Habilitación de contratos directos entre privados
- Libre elección de proveedores para usuarios finales
- Facturas transparentes sin cargos ocultos o tributos locales
«La factura no podrá incluir tributos de orden local ni cargos ajenos a los bienes y servicios efectivamente facturados», establece el decreto. Paralelamente, se lanzó un plan de expansión de la red de transporte eléctrico que prevé agregar 5.610 km de líneas (38% más que la actual) con inversiones privadas por US$ 6.600 millones.
Críticas y contexto delicado
La reforma se implementa en un momento crítico para el sector energético, luego de los recientes cortes de GNC en Mar del Plata durante la ola polar. Expertos advierten que la desregulación total podría generar:
- Mayor volatilidad en los precios
- Concentración del mercado en pocas empresas
- Dificultades de acceso para usuarios de bajos recursos
El gobierno insiste en que estas medidas forman parte de su plan de «racionalización del Estado» y que buscan atraer inversiones. Sin embargo, la eliminación de controles parlamentarios sobre un servicio esencial como la energía marca un punto de inflexión en la relación entre los poderes del Estado, con el Ejecutivo acumulando facultades clave que antes se compartían con el Legislativo.
El decreto establece un período de transición de 24 meses para implementar gradualmente los cambios, aunque la oposición ya anunció que analiza presentar acciones judiciales para frenar lo que consideran una «usurpación de facultades constitucionales».