Tras la victoria en el Senado, el Gobierno va por la ley penal juvenil y el acuerdo Mercosur-UE

El oficialismo buscará este jueves en Diputados la media sanción del Régimen Penal Juvenil que baja la imputabilidad a 14 años y el tratado comercial con Europa. Las iniciativas cuentan con respaldo de la oposición dialoguista.

Este jueves, desde las 11 de la mañana, la Cámara de Diputados intentará plasmar en dos nuevas victorias la inercia política que dejó la maratónica sesión en el Senado. La Libertad Avanza buscará dar media sanción al Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y también al acuerdo comercial interino entre el Mercosur y la Unión Europea, suscripto el mes pasado en Paraguay.

El temario doble refleja la decisión del Gobierno de exprimir al máximo el período de sesiones extraordinarias, que fue extendido hasta el 28 de febrero. La consigna es llegar al 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure el período ordinario, con un puñado de leyes aprobadas que le permitan mostrar fortaleza política ante el Fondo Monetario y la oposición dura. La reforma laboral ya está en el haber. Ahora faltan dos.

El Régimen Penal Juvenil vuelve al ruedo con el consenso del año pasado

El proyecto que se tratará este jueves no es nuevo. Data del 15 de julio de 2024 y fue el resultado de un largo trabajo de consenso entre el oficialismo y sus aliados. Establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, elimina la posibilidad de reclusión perpetua para menores y fija un máximo de 15 años de prisión. También contempla un esquema de sanciones alternativas para delitos con penas menores a tres años, y prioriza medidas con enfoque social y educativo para aquellos hechos con penas de entre tres y diez años que no hayan provocado muertes o lesiones gravísimas.

El Gobierno había intentado esta semana imponer su propio proyecto, que fijaba la imputabilidad en 13 años. Pero la falta de consenso con la oposición dialoguista y el temor a no reunir los votos necesarios llevaron a la Casa Rosada a dar marcha atrás y retirar la iniciativa. «Bajar la edad de imputabilidad a 14 años está dentro del rango etario que suscribe la Argentina en los tratados internacionales con jerarquía constitucional», alegaron algunos referentes de los bloques aliados para justificar el límite.

Financiamiento garantizado y penas alternativas

El dictamen que se votará incorpora una cláusula clave que fue exigida por los bloques dialoguistas como condición para prestar su apoyo. Se trata del financiamiento específico para que la ley no quede en una declaración de principios: más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia. Sin esos recursos, advertían, el nuevo régimen sería letra muerta.

En cuanto a las penas privativas de libertad, el proyecto establece que podrán cumplirse en domicilio, en institutos abiertos, en institutos especializados de detención o en secciones separadas de establecimientos penitenciarios. La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez mediante una resolución fundada. Además, la declaración de inimputabilidad del adolescente no suspenderá la investigación judicial, que deberá continuar para determinar la existencia del hecho ilícito y la posible participación de terceros.

El debate que divide aguas y el respaldo social

El diputado nacional del bloque peronista Juan Grabois anticipó su férrea oposición. En declaraciones contundentes, aseguró que si los legisladores oficialistas quieren bajar la edad de imputabilidad «a cero» que lo hagan, porque el problema de fondo es «la situación previa de las niñas, niños y adolescentes» vinculada a la salud mental y al consumo. «Cuando vos tenés un pibe perdido por el paco, el Estado tiene que poder tener las herramientas que vaya a un centro de internación y eso no existe. Y ellos lo dicen, ¿eh? Pero no pusieron la Ley de salud mental en extraordinarias, porque no les interesa, son unos mentirosos y engañan a la gente», concluyó.

Sin embargo, el oficialismo cuenta con un respaldo social que considera determinante. Según un reciente sondeo de la consultora Giacobbe, más del 73% de los argentinos está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad. El informe detalla que un 63,6% exige bajarla a los 13 años, mientras que un 9,5% acepta el límite en 14 años. Solo el 20,1% de los encuestados prefiere mantener el régimen actual de 16 años. Este clima de opinión favorable es esgrimido por los libertarios para justificar la urgencia de la medida.

El acuerdo Mercosur-UE, otro frentes clave

En paralelo al debate sobre minoridad, los diputados también deberán expedirse sobre el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, suscripto el 17 de enero en Paraguay. El texto busca «impulsar el comercio y la actividad económica mediante la reducción de aranceles» y quedó listo para su tratamiento el miércoles durante un plenario de comisiones.

La aprobación de este tratado representa para el Gobierno una señal inequívoca de su vocación de inserción internacional y de alineamiento con las potencias occidentales. En sintonía con la reforma laboral y el régimen penal juvenil, el acuerdo con Europa completa un tridente legislativo que, de prosperar, le permitirá a Milei llegar al 1° de marzo con la frente alta y el mortero político cargado de victorias para su discurso inaugural. El dictamen de mayoría cuenta con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda ya anticiparon su rechazo y prometen una batalla discursiva en el recinto.