A pesar de la ayuda de Milei, pidieron reabrir la causa contra Macri, Caputo y Sturzenegger por el préstamo del FMI

La fiscalía general ante la Cámara Federal porteña solicitó revocar el archivo de la investigación por el crédito de US$ 57.100 millones del FMI al país en 2018. La decisión pone nuevamente en foco a Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

El fiscal general José Agüero Iturbe solicitó formalmente ante la Cámara Federal porteña la reapertura de la causa que investiga el préstamo de 57.100 millones de dólares otorgado en 2018, y pidió que se revoque el archivo dispuesto semanas atrás por la jueza María Eugenia Capuchetti. La decisión reactiva la presión judicial sobre el expresidente Mauricio Macri, el actual ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, entre otros exfuncionarios.

El pedido de la fiscalía se apoya en la apelación presentada por el fiscal federal Franco Picardi, quien consideró prematuro el cierre del expediente y sostuvo que la causa se encuentra en condiciones de avanzar hacia nuevas instancias procesales, incluso con eventuales llamados a indagatoria. La Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, deberá definir en los próximos días si confirma el archivo o habilita una nueva etapa de investigación.

El decreto que retiró al Estado de la querella

A principios de febrero, el gobierno de Javier Milei había dispuesto que el Estado nacional dejara de ser querellante en la causa, mediante el decreto 87/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el presidente y el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, argumentaba que la Procuración del Tesoro actuó de forma excepcional en el proceso penal y que su intervención en causas penales no forma parte de su especialidad técnica.

El decreto establecía también que el cese de la querella no implicaba que el Estado renunciara al reclamo por daños y perjuicios, ya que la acción civil podría continuar en los términos procesales correspondientes. La decisión se tomó luego de que la jueza Capuchetti archivara la causa al considerar que los hechos denunciados constituían discrepancias con decisiones de política económica y no delitos.

Los fundamentos de la fiscalía para reabrir el caso

La posición del Ministerio Público Fiscal es diametralmente opuesta. Agüero Iturbe adhirió a los fundamentos de Picardi y señaló que existe una posible «plataforma criminal» que habría quedado acreditada a lo largo de la investigación. El fiscal puso el foco en presuntos delitos de abuso de autoridad y administración fraudulenta, así como en un eventual incumplimiento de normas constitucionales vinculadas al endeudamiento.

Según la apelación, la deuda se contrajo sin pasar por el Congreso y sin que el Banco Central emitiera los informes técnicos obligatorios. Además, se señala que no existió un decreto presidencial que autorizara la firma del acuerdo. Otro punto grave de la denuncia indica que habría documentos confeccionados después de que el acuerdo ya estaba suscrito, y se cuestiona la confusión de roles entre los ministerios de Hacienda y Finanzas durante el proceso.

La fiscalía también puso el foco en presuntas «relaciones viciadas» entre el Poder Ejecutivo y el Banco Central, señalando que distintas resoluciones habrían habilitado transferencias de capitales hacia sectores privados que no formaban parte del objetivo original del acuerdo con el FMI. El objetivo de reabrir la causa es esclarecer si hubo mal manejo de dinero público y si los fondos se utilizaron para financiar la fuga de capitales.

Los imputados y el impacto político

En el expediente están imputados, además de Macri, Caputo y Sturzenegger, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el exjefe de Gabinete Marcos Peña, y el expresidente del BCRA Guido Sandleris, entre otros exfuncionarios. La reapertura del caso tendría un impacto directo sobre el escenario político, ya que dos de los investigados, Caputo y Sturzenegger, son ministros clave del gobierno libertario.

La causa se inició en 2019 y busca determinar si existieron irregularidades en el trámite administrativo que llevaron adelante Macri, Caputo y Sturzenegger en el acuerdo con el FMI y el posterior manejo de las divisas. En particular, se investiga el destino de los fondos desembolsados y el cumplimiento de las normas que regulan la toma de deuda pública.