La DAS no cumplió la sentencia judicial, oculta información y sería multada
A pesar de haber sido intimada judicialmente el 13 de marzo de 2020, la obra social de los empleados del Congreso no cumplió con la sentencia judicial que quedó firme el 10 de mayo de 2019 y sigue sin informar sobre el manejo de la Dirección de Ayuda Social (DAS).
A pesar del cambio de gestión nacional y en el Senado, donde Cristina Fernández puso la lupa sobre la situación de la obra social que venía siendo muy cuestionada por los afiliados por los desmanejos administrativos, cuentas poco claras y la caída en la calidad del servicio, se esperaba que la comisión fiscalizadora creada por la vicepresidenta mostrara los números, pero esto no ocurrió.
Ante el incumplimiento judicial, los afiliados de la DAS accionaron judicialmente para sancionar a la obra social con una multa económica por cada día de retraso en el deber de informar como sentenció la Justicia.
Cabe recordar que Cristina, a través de su mano derecha la Secretaria Administrativa María Luz Alonso, creó una comisión fiscalizadora para revisar todo lo actuado por la DAS lo que puso en guardia al titular del gremio de los empleados legislativos Norberto Di Próspero, cuestionado por el acuerdo con OMINT.
Al frente de esa comisión fiscalizadora, Cristina puso a Liliana Beatriz Korenfeld, exdiputada nacional del kirchnerismo y gerenta de la superintendencia de Servicios de Salud durante la gestión presidencial de CFK. Es decir, una persona de su entera confianza.
En el marco de una revisión total de lo actuado por Gabriela Michetti durante su presidencia en el Senado, Cristina Fernández apuntó con la comisión fiscalizadora de la DAS al accionar de su antecesora y de su mano derecha Helio Rebot, pero también a la participación de Di Próspero.
La misión principal que tenía la comisión era esclarecer lo sucedido con el contrato entre la DAS y la empresa de medicina prepaga OMINT, según informó el portal Agencia Legislativa en varias notas donde informó al respecto a pesar del silencio de los medios parlamentarios del Congreso.
La labor de la comisión fiscalizadora llegó a su fin a principios de septiembre.
Desde entonces se esperaba conocer la información sobre la administración de los recursos de la obra social y las contrataciones, a fin de esclarecer responsabilidades que puedan caber al respecto, información que al parecer sigue siendo secreta a pesar de que existe un amparo patrocinado por Poder Ciudadano presentado en la Justicia y que sigue sin cumplirse.
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