Denuncian que el gobierno de Kicillof le perdonó una multa millonaria a un country

El Ministerio de Trabajo bonaerense le anuló una sanción de más de $3,5 millones a Los Lagartos Country Club por negarse a entregar documentación en un operativo por trabajo en negro.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Walter Correa, decidió dejar sin efecto una multa millonaria impuesta a Los Lagartos Country Club Asociación Civil, ubicado en Pilar, por obstruir una inspección laboral en el marco de un programa destinado a combatir el trabajo en negro entre las trabajadoras de casas particulares, informó este miércoles la agencia Mundo Gremial.

La resolución, que anula la sanción original de $3.554.025 aplicada en 2022, genera controversia al considerar que la conducta obstructiva ya no tiene «objeto vigente» tras una presentación extemporánea del country. A valores actuales, la multa supera los $37.000.000.

Qué pasó en el country

Los hechos se remontan a marzo de 2022, cuando inspectores del Ministerio labraron un acta de infracción contra el country por no presentar, en octubre y noviembre de 2021, los registros de ingreso y egreso de terceros —incluyendo personal de casas particulares— ni su reglamento interno. Esta obstrucción violaba el artículo 45 de la Ley Provincial N° 10.419 y el artículo 8° del Anexo II, Capítulo 4° de la Ley N° 12.415. Tras descargos y apelaciones, la multa fue confirmada mediante resolución, agotando la vía administrativa.

Sin embargo, en marzo de 2023, el country presentó evidencia de un nuevo sistema de acceso que facilita la identificación de ingresantes, solicitando la anulación de la multa y ofreciendo colaboración para verificaciones futuras. El Ministerio, a través de otra resolución dictada por el Subsecretario Técnico, Administrativo y Legal, evaluó que esta presentación, aunque tardía, acredita la imposibilidad inicial de cumplir y demuestra medidas correctivas. Así, se priorizó el cumplimiento normativo sobre la recaudación, argumentando que la sanción perdió vigencia al eliminarse la conducta obstructiva.

Críticas al ministerio: «La multa por obstrucción hay que hacerla»

Esta decisión se enmarca en un operativo más amplio iniciado en 2021, durante la gestión de la ex ministra Mara Ruiz Malec, para regularizar el empleo en countries, donde las administraciones deben proporcionar datos sobre la cantidad de trabajadores, sus jornadas y situación registral. Las trabajadoras de casas particulares representan un sector vulnerable, mayormente jefas de hogar, migrantes, con bajo nivel educativo y altos índices de pobreza, expuestas al incumplimiento de derechos laborales.

Fuentes del área laboral consultadas por Mundo Gremial cuestionaron la postura del Ministerio de Correa. Un experto en la materia señaló que «llama la atención la justificación, que es todo lo inverso a lo que dice la resolución», ya que la obstrucción es una falta aislada y objetiva, independiente del cumplimiento posterior de la documentación requerida.

Correa, apuntado

«No dejaron inspeccionar. La multa por obstrucción hay que hacerla. Si bien se complementó posteriormente la documentación, la obstrucción es una penalización objetiva: la hiciste, la pagás», afirmó otra fuente gremial, criticando que la condonación o suspensión no corresponde, pues nada tiene que ver con los fundamentos de la resolución original.

Estas críticas resaltan una aparente inconsistencia en la aplicación de sanciones, especialmente en un programa clave contra el trabajo en negro, donde la obstrucción inicial podría haber impedido la detección oportuna de irregularidades. El caso de Los Lagartos contrasta con otras multas aplicadas en Pilar durante 2022, lo que genera dudas sobre la equidad en el tratamiento de infracciones similares bajo la gestión de Correa. Asimismo, según indagó Mundo Gremial, estarían por trascender otras infracciones y multas que tendrían idéntico procedimiento, en otros barrios cerrados y contra empresas de trabajadores de plataformas.

Con información de agencia Mundo Gremial