Gilligan se defiende, pero los socios de Cambiemos le piden que se vaya
El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, aseguró este lunes que «no hay fondos públicos involucrados» en la cuenta oculta a su nombre en un banco de Andorra, al salir a defenderse de que el hecho, publicado la semana pasada el diario español El País, no configura un caso de corrupción. Desde Cambiemos, radicales y miembros de la CC-ARI le pidieron que se aparte.
«No hay fondos públicos involucrados y la gente lo entiende», afirmó en una entrevista publicada este lunes en el diario La Nación.
El funcionario nacional está acusado de ocultar su participación en una empresa radicada en Gran Bretaña dedicada a transferencias de jugadores de fútbol que contó con 1,2 millones de dólares a su nombre en una cuenta en un banco de Andorra.
Al negar que ese dinero sea suyo, el funcionario nacional explicó que «ni gané un centavo con esa plata. Ese monto es el que estuvo depositado en la caja en algún momento, pero lo que no se dijo es que en aquel momento los gastos y las deudas de la sociedad equivalían más o menos el mismo monto. El patrimonio inicial de la sociedad era de 10.000 libras (esterlinas)».
«Mañana [por hoy] voy a presentar un escrito en la Oficina Anticorrupción y en los próximos días vamos a contar con toda la documentación; decidí salir de la sociedad antes de ingresar a la función pública», agregó el número dos de Fernando de Andreis, secretario general de la Presidencia.
Dijo que su rol en la sociedad del empresario vinculado al fútbol Francisco «Paco» Casal, acusado en distintas causas, «era de búsqueda de esponsoreo deportivo. En las ventas [de jugadores] estaban Casal y el Tano [Nelson] Gutiérrez».
«A principios de 2013, cuando veía que podía ingresar a la función pública, le dije a Paco [Casal]: «Yo salgo»», expresó al intentar explicar por qué no declaró la cuenta en un banco de Andorra cuando ingresó al gobierno porteño.
Al respecto, Díaz Gilligan adujo que la cesión «tardó en materializarse unos meses, y en el medio comencé a ser funcionario. No hubo intención de ocultar nada, no era dinero mío ni había ganado nada con eso».
«Todo lo hice en la actividad privada antes de ingresar en la actividad pública», se defendió Gilligan al explicar que sus bienes se encuentran publicados en su declaración jurada de 2016 ante la Oficina Anticorrupción.
Allí declaró bienes como un auto Toyota modelo 2012, una chacra en Pueblo Edén -un «paraíso sin luz ni agua» a 45 kilómetros de Punta del Este- y unos 300.000 dólares de patrimonio en efectivo.
En tanto, el jefe del interbloque Cambiemos de Diputados, Mario Negri, reclamó que Gilligan deje el cargo y «aclare» en la Justicia su situación.
«Diaz Gilligan, funcionario, debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder», sostuvo Negri a través de una red social.
El diputado radical advirtió que ese planteo «no es condena» sino que «la vara sobre la transparencia está puesta muy alta por parte de Cambiemos».
Además, el legislador cordobés consideró que «no hay que incomodar al gobierno, sino ayudarlo».
Desde la CC-ARI, Fernando Sánchez dijo: «Si fuera yo el que estuviera en esa incómoda situación, ya hubiese pedido licencia».
«Es algo que está en mí, es algo personal de cada uno. Me parece también que hubiera hecho lo que está haciendo: presentarse con todos los papeles. Los papeles mandan y el primer interesado en sacarse de encima esta situación es él», aseguró a radio La red.
Y Paula Oliveto, diputada nacional por la CABA y presidente de la Coalición Cívica – ARI CABA, enfatizó: «Complica a un gobierno que entiende que la transparencia tiene que ser la forma de manejarse en la gestión pública» .