Hubo un histórico de juicios laborales en 2025

Hubo 134.141 juicios por accidentes y enfermedades laborales, lo que batió el récord histórico de juicios laborales. ¿Qué ocurrió?

A pesar de que hubo accidentes y muertes, la Argentina registró una judicialidad sin precedentes. 2025 terminó con el ingreso de 134.141 juicios por accidentes y enfermedades laborales y se batió el récord histórico de juicios laborales. Así lo advirtió la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) que conduce Mara Bettiol.

El sistema de riesgos del trabajo se concibió para prevenir accidentes, reducir la mortalidad laboral y garantizar respuestas rápidas, integrales y de calidad ante la ocurrencia de un siniestro. Sin embargo, hoy enfrenta una paradoja difícil de explicar desde la lógica técnica y estadística. Mientras los accidentes laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos un 80% en comparación con los niveles previos a su implementación, la judicialidad no dejó de crecer. Desde 2020, la cantidad de juicios laborales aumentó un 200% y en 2025 alcanzó un volumen récord inédito.

Mejoras a pesar de los juicios

Los números del sistema muestran mejoras objetivas en materia de prevención. En los últimos años se estima que se salvaron 19.000 vidas y se evitaron alrededor de 4,7 millones de accidentes de trabajo. Con una cobertura que incluye atención médica integral y prestaciones oportunas. Aun así, la litigiosidad avanzó de manera sostenida, despegándose por completo de la evolución real de los siniestros.

Este fenómeno no tiene comparación a nivel internacional. Argentina cuenta con niveles de cobertura superiores a los de países como Chile y España, e índices de siniestralidad similares. Sin embargo, la cantidad de juicios es desproporcionadamente mayor. Cada 10.000 trabajadores, en Chile se presentan 5,8 demandas judiciales, en España 8,5, mientras que en la Argentina el número asciende a 132,8. En términos relativos, la judicialidad local es 23 veces superior a la española y 16 veces mayor que la chilena. Lo que equivale a un 2200% más de juicios que Chile y un 1500% más que España.

“Lo que debería ser un recurso excepcional para casos puntuales se convirtió en un rasgo estructural del mercado laboral argentino”, alertó la UART. “A los juicios por riesgos del trabajo se suma un volumen significativo de litigios por despidos, diferencias salariales y otras cuestiones del derecho individual. Configurando así un escenario de presión permanente sobre empresas, aseguradoras y el propio sistema judicial”.

Un stock judicial que no deja de crecer

A pesar de los esfuerzos por cerrar causas, el stock total de juicios laborales por riesgos del trabajo alcanzó en setiembre último las 317.848 demandas. En el mismo período, las ART lograron cerrar unas 70.000 causas judiciales, un número relevante pero insuficiente para revertir la tendencia general.

Otro dato que refleja la gravedad de la situación es la ruptura de la estacionalidad. Tradicionalmente, los meses de fin de año mostraban una desaceleración en el ingreso de nuevas demandas. En 2025 ocurrió lo contrario: en diciembre ingresaron más juicios que en noviembre, un fenómeno que solo se observó hace casi una década, en la antesala de la reforma del sistema que se aprobó en 2017. Además, el último cuatrimestre del año mostró una aceleración marcada, con un crecimiento interanual del 12%.

Desde el sector asegurador, el foco de la explicación está puesto en el incumplimiento de la Ley 27.348, sancionada en febrero de 2017. “La norma estableció la creación de Cuerpos Médicos Forenses en el ámbito judicial, con el objetivo de contar con evaluaciones técnicas homogéneas, controladas y alineadas con los parámetros del sistema”, indicaron a la agencia Mundo Gremial.

“La falta de implementación de estos cuerpos abrió la puerta a la actuación de peritos externos sin control ni supervisión efectiva. En muchos casos, estas pericias determinan incapacidades que se apartan de los dictámenes oficiales de las Comisiones Médicas dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Y luego se convalidan por los jueces laborales. El problema se agrava porque los honorarios periciales se calculan como un porcentaje del monto de la sentencia, lo que introduce un incentivo económico directo al sobredimensionamiento de las incapacidades”.

El impacto económico de esta dinámica es significativo. Según datos del sector, el 45% del costo judicial queda en la intermediación. En términos concretos, por cada $ 1.000.000 que pagan las ART en demandas que en su gran mayoría podrían evitarse, $ 450.000 se distribuyen entre abogados, peritos y el propio sistema judicial. Estos recursos no llegan ni a la mejora de la prevención ni a una mayor cobertura de los trabajadores.

Un sistema bajo amenaza

La presión judicial no distingue entre actores. Castiga a las empresas, que enfrentan mayores costos e incertidumbre. Y también a los trabajadores, porque pone en riesgo la sostenibilidad de un sistema que fue diseñado para protegerlos. El desvío de recursos hacia la litigiosidad reduce la capacidad de inversión en prevención, tecnología y mejores prestaciones, generando así un círculo vicioso difícil de romper.

Corregir estas distorsiones aparece como un paso clave para preservar un mecanismo que, en términos de resultados sanitarios y de seguridad laboral, mostró avances contundentes. La judicialidad actual no refleja la realidad de la gestión en materia de prevención ni de cobertura de accidentes de trabajo, ni se ajusta a parámetros internacionales comparables. En un contexto económico donde cada punto porcentual de costos cuenta y donde el debate sobre la competitividad es central. El récord de juicios laborales de 2025 se convierte en una señal de alerta que trasciende al sector asegurador y plantea un desafío de fondo para el mercado laboral argentino. Incluso en un escenario donde los montos en juego pueden medirse tanto en pesos como en dólares y terminan impactando en toda la economía.

Con información de agencia MundoGremial