Inquilinos más endeudados: El 77% que tomó deudas lo hizo para pagar el alquiler

La Encuesta Inquilina 2025 revela que casi la mitad de los hogares del AMBA está endeudada, y que tres de cada cuatro que pidieron préstamos lo hicieron específicamente para afrontar el pago de la vivienda.

El peso de la vivienda sobre los ingresos familiares se ha convertido en una carga que cada vez más argentinos deben sostener con deuda. La Encuesta Inquilina 2025, que releva la situación de los hogares que alquilan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, muestra un deterioro marcado de las condiciones de acceso y permanencia en la vivienda durante el último año. El dato más elocuente: el 77% de quienes se endeudaron lo hizo específicamente para poder pagar el alquiler, un porcentaje que viene creciendo sostenidamente desde el 62% registrado en 2022 y el 67% de 2024.

El informe, realizado por un conjunto de organizaciones que incluyen a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el CONICET CEUR, entre otros, expone el deterioro de las condiciones habitacionales tras la desregulación del mercado y el impacto directo que tiene el costo de la vivienda sobre los ingresos familiares. La eliminación de reglas básicas sobre plazos, moneda y actualización de los contratos mediante el DNU 70/2023 redujo la previsibilidad y profundizó la asimetría entre propietarios e inquilinos, según el análisis presentado.

La presión insostenible sobre los ingresos

Uno de los hallazgos más preocupantes de la encuesta es el fuerte aumento de la presión del alquiler sobre los ingresos familiares. En 2025, el 57% de los hogares inquilinos destinó más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler, frente al 38% registrado apenas un año antes en 2024. Esta cifra representa una escalada dramática en la porción del presupuesto doméstico que se destina exclusivamente a mantener un techo.

Paralelamente, cayó del 33% al 21% la proporción de hogares que logra destinar menos de un tercio de sus ingresos al alquiler, umbral recomendado por estándares internacionales para considerar sostenible el gasto en vivienda. Esta reducción evidencia una pérdida generalizada de capacidad económica y un margen cada vez más estrecho para afrontar otros gastos básicos, como servicios públicos y alimentos, configurando un escenario de fragilidad financiera creciente.

El perfil cambiante de los contratos de alquiler

La desregulación del mercado también impactó directamente en la estructura contractual de los alquileres. Mientras que en 2024 el 42% de los contratos tenía una duración de tres años, en 2025 esa proporción se redujo drásticamente hasta representar un porcentaje mínimo. En su lugar, se consolidaron contratos más cortos y con actualizaciones más frecuentes: casi la mitad (48%) se ajusta trimestralmente y un 17% dura un año o menos.

Esta combinación de plazos reducidos y actualizaciones frecuentes incrementa la incertidumbre para los inquilinos y multiplica los costos asociados a las mudanzas y renegociaciones. La dinámica no sólo implica una carga económica mucho más alta, sino que también reduce la previsibilidad, obliga a los hogares a reacomodar sus finanzas varias veces al año y aumenta el riesgo de endeudamiento ante cada actualización del canon mensual.

La inestabilidad habitacional y sus consecuencias

La falta de estabilidad en la vivienda tiene efectos que exceden lo meramente económico. El 70% de los hogares encuestados declaró haberse mudado al menos una vez en los últimos cinco años, mientras que el 22% lo hizo específicamente por no poder sostener los gastos del alquiler o el precio de la renovación del contrato. Un 18% adicional tuvo que cambiar de domicilio por la negativa del propietario a extender su estadía en la propiedad.

Esta rotación forzada genera un impacto psicológico y social significativo, especialmente en familias con niños y adultos mayores. La imposibilidad de establecer raíces en una comunidad, cambiar a los hijos de escuela o reconstruir redes de contención vecinal aparece como una consecuencia colateral de un mercado de alquileres cada vez más volátil y desregulado.

Los grupos más vulnerables: adultos mayores y jóvenes

El impacto del alquiler no es homogéneo y golpea con mayor fuerza a determinados grupos etarios. Los adultos mayores que alquilan aparecen entre los más afectados: casi tres de cada cuatro jubilados destina más de la mitad de sus ingresos a la vivienda. Además, escaló a un 47% el porcentaje de jubilados que se vio obligado a volver al mercado laboral para complementar ingresos que resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, incluido el alquiler.

En contraposición, entre los jóvenes el informe muestra que una mayor inserción laboral no se traduce en una mejora en el acceso a la vivienda, ya que los salarios no logran seguir el ritmo de los alquileres. Además, la tenencia de mascotas, la insuficiencia de ingresos para sostener los gastos por fuera del hogar, y la falta de garantías para ingresar, aparecen como las principales barreras en este rango etario para acceder a un alquiler.

El cumplimiento a pesar de todo

Pese a este cuadro de fragilidad económica generalizada, el nivel de cumplimiento en el pago del alquiler se mantiene muy alto: el 93% de los hogares inquilinos declaró estar al día con sus obligaciones. Este dato refleja la centralidad que tiene la vivienda dentro del presupuesto familiar y explica por qué el endeudamiento se incrementa incluso cuando los ingresos no acompañan el ritmo de los aumentos.

Los datos de la Encuesta Inquilina 2025 muestran que el endeudamiento dejó de ser una excepción y pasó a formar parte estructural de la experiencia de alquilar en el AMBA. Con ingresos que no alcanzan, contratos inestables y aumentos frecuentes, el alquiler se consolida como una carga que condiciona el presente y el futuro de millones de personas, en un escenario donde la expectativa de acceder a la vivienda propia aparece cada vez más lejana.