Jorge Macri y Axel Kicillof se pelean por el costo de los bonaerenses sin techo

El jefe de Gobierno porteño le reclamó al gobernador bonaerense el pago de una deuda de más de $27.000 millones por la asistencia a bonaerenses en situación de calle.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le exigió al gobernador Axel Kicillof que normalice el pago de una deuda superior a los 27.000 millones de pesos por la asistencia a personas en situación de calle que residen en territorio bonaerense pero son atendidas en los centros de inclusión de la Ciudad. El reclamo, que llegó tanto por redes sociales como por nota formal, reactualiza una vieja pulseada por la asignación de recursos y responsabilidades.

«Es hora de que los porteños dejen de pagar tu desgobierno. Dejá de mirar para otro lado y cumplí la ley: la Provincia tiene que dar alojamiento y asistencia a las personas en situación de calle de PBA. Es hora de que se hagan cargo», escribió Macri en su cuenta de X, en un mensaje dirigido directamente al gobernador bonaerense. La publicación no dejó lugar a dudas sobre la intención del líder del PRO de llevar la discusión al terreno político.

Los números del reclamo porteño

La administración de Macri detalló que actualmente asiste a 2.327 personas con domicilio en la provincia de Buenos Aires dentro de sus Centros de Inclusión Social. Cada caso, según precisaron, implica un costo mensual de $1.163.135, que cubre insumos, recursos humanos y servicios de contención integral. El gasto acumulado desde febrero de 2025, cuando entró en vigencia el decreto que regula la materia, asciende a $27.066.151.450.

El Gobierno porteño sostiene que ese dinero se financia con recursos propios y genera un impacto directo en las cuentas públicas. Desde la sede de Uspallata señalaron que el esquema actual no solo implica un ahorro para la Provincia, sino que además compromete la capacidad de inversión de la Ciudad en otras áreas.

El marco legal que respalda el reclamo

La gestión de Macri apoyó su exigencia en dos normativas. Por un lado, el Decreto 373/2025 del Gobierno nacional, que modifica la Ley de Situación de Calle y Familias Sin Techo y establece que la atención a personas en situación de calle es competencia de cada jurisdicción. Por el otro, la Ley 13.956 de la provincia de Buenos Aires, que creó el Programa de Asistencia Integral para Personas en Situación de Calle.

«La ley no deja lugar a dudas: cada provincia es responsable de las personas en situación de calle dentro de su territorio. Además, la provincia también sancionó una ley para dar atención a personas en situación de calle. Kicillof no lo está cumpliendo», sostuvo el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida.

La nota formal al ministro de Economía bonaerense

En paralelo al cruce público, los ministros porteños Mraida y Gustavo Arengo (Hacienda y Finanzas) enviaron una nota formal al titular de Economía bonaerense, Pablo López. En el documento, solicitaron «la inmediata transferencia de los recursos necesarios para saldar el monto actualizado de los costos, incluidos los que se generen en adelante, sin perjuicio de la deuda correspondiente a períodos anteriores».

Mraida fue contundente al referirse a la situación. «Nosotros no vamos a dejar de atender a ninguna persona en situación de emergencia. Pero tampoco vamos a naturalizar que otros no hagan su parte. Cumplir la ley no es opcional. Y hacerse cargo tampoco debería serlo», concluyó el funcionario, dejando en claro que la Ciudad continuará con la asistencia pese al reclamo, pero que no cesará en su exigencia.

El trasfondo de la disputa

El conflicto entre Macri y Kicillof por el costo de los bonaerenses sin techo se inscribe en una disputa más amplia entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires por la delimitación de responsabilidades entre jurisdicciones. La tensión, que viene escalando desde hace meses, ahora encuentra un nuevo punto álgido en la cuestión social.

Mientras el Gobierno porteño destaca su política asistencial y recuerda que actualmente cuenta con 61 Centros de Inclusión Social que funcionan las 24 horas y asisten a 4.626 personas, con servicios de alojamiento, alimentación, acompañamiento psicológico y capacitación laboral orientados a la reinserción, la administración bonaerense aún no se pronunció oficialmente sobre el reclamo. El silencio de la Provincia, por ahora, es la única respuesta a una exigencia que Macri y sus funcionarios plantean en términos de ley y deuda, en un intento por trasladar al gobernador Kicillof la responsabilidad de un problema que, aseguran, los porteños vienen financiando desde hace demasiado tiempo.