Patricia Bullrich planea vigilar las redes sociales con la Policía Federal sin orden judicial

El Ministerio de Seguridad quiere reformar la ley orgánica de la Policía Federal Argentina para monitorear redes sociales sin orden judicial y hacer detenciones preventivas.

El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich presentó un proyecto para reformar la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA), que incluye polémicas facultades para monitorear redes sociales y espacios digitales públicos sin requerir autorización judicial. La iniciativa busca redefinir el rol de la fuerza como principal investigadora de delitos federales y complejos.

Según el texto enviado a Gendarmería y Prefectura -aunque aplicable solo a la PFA-, la reforma permitiría «desarrollar acciones de inteligencia criminal» bajo los parámetros de la Ley de Inteligencia Nacional. El proyecto argumenta que es necesario «explicitar los objetivos estratégicos» para combatir el crimen organizado.

Los puntos más controvertidos

El artículo 6, inciso 11 autoriza expresamente a la PFA a realizar «tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas» sin intervención judicial previa. El texto aclara que estas acciones deberán respetar la protección de datos personales y libertades individuales.

Otro aspecto que genera debate es el inciso 7 del mismo artículo, que habilita detenciones preventivas cuando existan «circunstancias debidamente fundadas» que hagan presumir que alguien podría cometer un delito y no acredite identidad. En estos casos, la retención sería temporal y con notificación posterior al juez competente.

Estructura y ampliación de la PFA

La reforma propone crear un Departamento Federal de Investigaciones con tres áreas especializadas:

• Agencias Federales de Investigación (AFDI)
• Investigaciones Federales
• Investigaciones contra el Narcotráfico

Además, prevé un crecimiento anual del 10% en el despliegue de efectivos en el interior del país. Fuentes policiales consultadas calificaron la iniciativa como «excesiva» y mostraron preocupación por las facultades extraordinarias que otorgaría a la PFA por sobre otras fuerzas.

Críticas y defensa del proyecto

Organizaciones de derechos humanos y especialistas jurídicos advirtieron sobre «posibles afectaciones a la libertad de expresión y la privacidad», criticando especialmente la falta de control judicial en las nuevas atribuciones. Temen que se habilite una vigilancia masiva en internet.

Desde el Ministerio de Seguridad defendieron la medida como necesaria para combatir el crimen organizado y el ciberdelito, señalando que sigue modelos implementados en países como Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Bullrich busca acelerar el tratamiento legislativo del proyecto en las próximas semanas.