Una de cada tres personas con discapacidad no tiene trabajo

“La deuda de incorporar a las personas con discapacidad al empleo formal está muy lejos de saldarse”

Ni siquiera se cumple el 4 por ciento de empleo en dependencias del estado nacional. El otorgamiento de pensiones no contributivas resulta una medida paliativa que se articula a los fines de generar un ingreso (equivalente al 70 % de una jubilación mínima, hoy $ 26.500 mensuales) y para habilitar a través de eso el ejercicio del derecho de acceso a la salud integral.

El pedido de políticas inclusivas para el colectivo de personas con discapacidad (PcD) es central y  lleva más de 25 años de luchas de organizaciones de y para PcD. La posibilidad de acceder a un empleo formal para las PcD implica dificultades desproporcionadas con respecto al resto de la sociedad.

Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas Con Discapacidad (CAIDIS) puntualizó  que si bien se avanzó “la deuda de incorporar a las PcD al empleo formal está muy lejos de saldarse” y que de hecho “no se cumple el cupo laboral establecido por la legislación vigente, del 4% en el empleo público a nivel nacional”.

Ramos explica que en 2003 – tras haber pasado el país por una crisis tan profunda en 2001 y en 2002 –CAIDIS tomó dimensión de la importancia en la defensa de los derechos laborales de las personas con discapacidad. “La desocupación de este colectivo llegó aproximadamente al 80 % durante la crisis del 2001”, sostiene, lo que representa una gran incertidumbre en el contexto actual.

“El acceso al empleo sigue siendo muy dificultoso para las personas con discapacidad. De hecho son muchas las que no tienen acceso al mundo laboral y eso impacta en dificultades para ellas y sus familias”, afirmó el presidente del Consejo.

Por este motivo, Ramos solicita garantizar el derecho al trabajo: “Es relevante cumplir con el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para eliminar las barreras físicas y comunicacionales que obstaculizan el acceso al trabajo de las PcD ya que tiene jerarquía constitucional en Argentina”. Cabe destacar que en este sentido que la mencionada Convención es clara al expresar que los “Estados Partes reconocen el derecho de las Personas con Discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”.

En un contexto donde son pocas las personas con discapacidad que acceden a un empleo formal, Ramos enfatizó en la problemática que gira en torno a la inaccesibilidad y desigualdad que genera la sociedad. “La discapacidad tiene un sesgo social por la inaccesibilidad del entorno, no sólo físico, también comunicacional y cultural, que resulta en un entorno poco amigable y hasta hostil. El Estado debe salvaguardar ypromover el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes. Debemos salvaguardar el diseño universal para garantizar entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posible, sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. Así mismo hay que procurar se hagan los ajustes razonables (modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que requiera un trabajador o trabajadora en particular) en los puestos que así lo requieran. De esta forma se vela por el ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales que asisten a las PcD tanto como a cualquier otra persona, explica el presidente del Consejo.

La falta de trabajo no sólo repercute financieramente en las familias de las personas con discapacidad por lo estrictamente económico, sino que impacta también en cuestiones vinculadas a la salud ya que al no contar con un empleo formal tampoco disponen de obra social. Así, el otorgamiento de pensiones resulta una medida paliativa que articula el estado no sólo a los fines de generar un ingreso (escaso por cierto si se observa que una pensión no contributiva ascienda a apenas el 70 % de una jubilación mínima, lo que se traduce en la actualidad a aproximadamente $ 26.500 mensuales) sino también para habilitar, a través de ella, al acceso al Programa Incluir Salud, por medio del cual se procura dar cumplimiento al derecho de acceso a la salud integral que tenemos todos los argentinos y las argentinas.

Por todo lo expuesto, Ramos encuentra un aliado estratégico en los medios de comunicación que tienen una misión fundamental al desarrollar acciones positivas que sensibilicen a la sociedad para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad, fomentando el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas. “Visibilizando, luchando contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad; promoviendo la toma de conciencia respecto de sus capacidades y promoviendo percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad, el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral”, sostuvo y puso de relieve, además que sí se ha logrado iniciar este camino en relación a otros colectivos como la comunidad LGBT+.

Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad elaborado por el INDEC en 2018.

Por Daniel Ramos, presidente de CAIDIS

¿Qué es CAIDIS?

El Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es una Asociación Civil sin fines de lucro. Fue creado en 1985, cuenta con la participación de más de 80 instituciones de todo el país e integra el Comité Asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad y el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad (FORO PRO).

¿Qué es la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad?

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas o Derecho internacional de los derechos humanos. Está destinada a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.