Verdadero Martes 13 para Macri: complicado en el Senado e imputado por el blanqueo
La Fiscalía solicitó la apertura de una investigación contra el presidente Mauricio Macri y otros altos cargos de su Gobierno por la firma de un decreto que incluye a los familiares de funcionarios públicos en la ley de blanqueo de capitales que ya fue aprobada en el Congreso.
El fiscal federal Guillermo Marijuán hizo lugar a una denuncia penal presentada la pasada semana por la legisladora de Libres del Sur Victoria Donda en la que acusó a Macri, al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, de abuso de autoridad y de excederse en los deberes de funcionarios públicos.
El representante del Ministerio Público Fiscal entregó su dictamen al juez federal Ariel Lijo, en el que consideró que debe ser impulsada una investigación con base en la denuncia de Libres del Sur, y pidió medidas de prueba relacionadas con la ley y el posterior decreto.
El juez deberá ahora resolver, según el dictamen de Marijuán, si da inicio formal a una investigación y solicita medidas de prueba o si desestima la denuncia.
«Tenemos una enorme tranquilidad respecto a la acción que hemos planteado y así lo debatiremos con toda la tranquilidad del mundo, como siempre hemos planteado en cualquier discusión con la Justicia», aseveró Peña este martes en un encuentro con la prensa en Buenos Aires que se celebraba en el mismo momento en el que trascendió la decisión de Marijuán.
En concreto, el denominado Régimen de Sinceramiento Fiscal fue propuesto en mayo pasado por el Gobierno y aprobado por el Parlamento en junio con el fin de recuperar al menos unos 20.000 millones de dólares no declarados.
Con esos fondos ingresados al sistema financiero, el Ejecutivo quiere pagar una reforma del sistema de jubilaciones.
La polémica surgió por el artículo 83 de ese proyecto, que excluía del plan a los cónyuges, padres e hijos menores emancipados de una gran variedad de funcionarios del Estado, y que fue aprobado en conjunto con el resto de la iniciativa tras un intenso debate parlamentario.
Sin embargo, el 30 de noviembre, un decreto del Ejecutivo avivó la controversia, al agregar que esas personas «podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos mencionados (los funcionarios) hubieran asumido los respectivos cargos».
Esa orden gubernamental encendió los ánimos de la oposición, al tiempo que el Ejecutivo defendió que el decreto está dentro de la legalidad, ya que autoriza a adherir bienes incorporados al patrimonio de los familiares pero solo los previamente registrados en el momento en que el funcionario de su familia ocupara el cargo.
«Esta es la medida más vergonzosa desde que asumió su Gobierno», había dicho el 1 de diciembre el diputado Felipe Solá, del Frente Renovador.
Asimismo, la denuncia formulada por Donda menciona que el decreto «contradice explícitamente» la ley, que prohibía «el ingreso de familiares al mismo».
Según había afirmado el diputado del Frente Renovador, un decreto «es para reglamentar una ley, nunca para extenderla y mucho menos para violarla».
«Además de presidente, Macri es hijo de un multimillonario», criticó Solá, y afirmó que, en su opinión, el mandatario «decidió que su padre, entre otros, pudiera blanquear dividendos por decreto. Violando una ley, para que su familia se beneficie económicamente».
Para «transparentar» los bienes no declarados, el pasado 31 de octubre concluyó la primera etapa del régimen de sinceramiento fiscal, correspondiente a la presentación de declaraciones juradas y de apertura de cuentas para depositar los ahorros en efectivo dentro del país, tanto en moneda local como extranjera.
La siguiente fase caducó el 21 de noviembre, fecha límite para depositar esos fondos en las cuentas.
Hasta ese momento, ese proceso alcanzó a los 21.863 millones de dólares entre bienes, cuentas bancarias y efectivo declarados en el país y en el exterior.
El 31 de diciembre vencerá el plazo para declarar ahorros fuera del país y el 31 de marzo será la fecha límite para declarar propiedades y otros activos.