Presupuesto 2025 «con cepo a los derechos ambientales»
El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación que plantea una reducción del tamaño del Estado y un ajuste amplio. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) analizó los principales impactos en las políticas socio-ambientales y energéticas argentinas.
FARN destacó en un comunicado los 5 puntos claves sobre el Presupuesto y el medio ambiente:
El pago de la deuda es una prioridad del gobierno por sobre los derechos. El gasto está supeditado al superávit fiscal y va contra la estabilidad y continuidad que necesitan las políticas ambientales.
Los futuros gobiernos deben adoptar el mismo criterio según la ley de presupuesto. Esto condiciona políticas económicas, culturales, educativas, sociales, ambientales y de derechos humanos de futuros gobiernos, un rasgo poco democrático.
El ambiente enfrenta más desafíos con menos recursos. La degradación institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reducido en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, es un retroceso en materia ambiental y sigue vigente en el proyecto de Ley de Presupuesto 2025. La participación de la Subsecretaría de Ambiente representará apenas un 0,066% del total del Presupuesto Nacional. La Administración de Parques Nacionales recibe únicamente “erogaciones figurativas” por un total de $55.621 millones, que representan un 0,0047% del Presupuesto Nacional. La caída respecto al ex ministerio va del 12,25% al 25% si se considera la inflación del Presupuesto 2025 y la estimada por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) para 2025.
El presupuesto para la protección de bosques nativos no alcanza el mínimo establecido por ley. El artículo 22 del Proyecto de Ley asigna cerca de $9 millones al Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos. Este monto representa tan solo el 0,0077% del PBI y no alcanza lo estipulado por la Ley de Bosques para este Fondo Fiduciario, a saber, un mínimo del 0,3%, e incumple así la Ley 26.331. El estrangulamiento financiero y económico a la política de enriquecimiento y conservación de bosques nativos refleja una política en favor de reordenar el territorio para el agronegocio y las actividades agrícolas y ganaderas extensivas. Esto agrava los problemas climáticos e hídricos, incrementando los riesgos frente a olas de calor, incendios y posibles problemas sanitarios.
Las partidas presupuestarias vinculadas a la energía van en sentido contrario a garantizar el acceso energético y la transformación de la matriz energética. Tres temas son claves en este sentido. Primero, la partida presupuestaria de Sustentabilidad del Mercado Eléctrico, que contribuye indirectamente a reducir las tarifas a consumidores, tiene una fuerte caída en términos nominales, que en términos reales es de más del 63%. A su vez, se sostienen subsidios a la industria hidrocarburífera: durante 2025 el gobierno brindará más de $305 mil millones de pesos en favor de los hidrocarburos, de los cuales $77 mil millones son destinados a la demanda y $228 mil millones a la oferta. Por último, el nuevo presupuesto incluye la eliminación de los programas y partidas destinadas al desarrollo de energías renovables. La continuidad de los programas de energías renovables es, por tanto, vital no solo desde una perspectiva ambiental, sino también social y económica. Su eliminación implica un retroceso en la lucha contra el cambio climático, la creación de empleos verdes y el impulso de un sistema energético más equitativo, descentralizado y democrático, congruentes con los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.
Continúan los beneficios para el sector minero: gasto tributario de la minería. El proyecto de ley incluye estimaciones del gasto tributario vinculado a diferentes regímenes de excepción, incluido el de la Ley de Inversiones Mineras. En 2023 el Estado Nacional dejó de percibir más de $136 mil millones por estas exenciones, y en 2024 esta cifra superaría los $396 mil millones. Las proyecciones para 2025 ascienden a casi $541 mil millones. Estas exenciones se concentran en un reducido grupo de 42 empresas mineras, las cuales se benefician de una exención casi total del impuesto a las ganancias.